El año 2021 se constituyó la sociedad que le daba vida a La Hacienda Restaurante, ubicado en la comuna de Machalí, con una estructura que dividía la propiedad de “Inversiones Roussanne Wine & Gourmet” –nombre legal- en dos participaciones igualitarias: Pascuala Gamboa con un 50% y la otra mitad para Inversiones Los Lirios Spa, sociedad cuya propiedad y control efectivo corresponde a José Luis Ansoleaga, quien asumió como gerente general y representante exclusivo de esta sociedad.
Y es precisamente, la disputa entre los dos sueños la que llegó al Juzgado de Garantía de Rancagua mediante una querella criminal interpuesta por Pascuala Gamboa, quien acusa José Luis Ansoleaga – controlador a través de Los Lirios Spa de otros conocidos restaurantes como La Cabrera- de “actuar delictivo” que, de acuerdo a lo detallado en la querella, “ha causado perjuicio patrimonial real, directo y cuantificable en su patrimonio”.
La serie de ilícitos denunciados, siempre de acuerdo al documento judicial, que constituiría administración desleal, se configura mediante “maniobras de endeudamiento abusivo, incremento artificial de costos, infracción a los deberes de fidelidad, de custodia y patrimonios separados”.
De acuerdo a lo narrado por la querellante en la acción judicial, Ansolega que no solo es su socio sino también su cuñado- casado con su hermana- “exigió y obtuvo como condición de su participación la representación legal exclusiva y sin contrapesos de La Sociedad”, por lo que, “se le otorgaron expresamente todas las facultades, atribuciones y prerrogativas, incluida la facultad de auto contratar, sin exigir firma mancomunada ni autorización del otro accionista para actos de disposición patrimonial”.
En el detalle de las acciones, acusa que “haciendo uso de su representación exclusiva” Ansoleaga operó los activos y flujos de recursos de La Hacienda como una “caja única” del Holding Gastronómico «Grupo Los Lirios», que agrupa a múltiples razones sociales de su exclusiva propiedad, sosteniendo que el querellado lo habría admitido expresamente.
“Esta admisión constituye prueba directa de la confusión patrimonial deliberada que es el núcleo material de la administración desleal”.
Uno de los puntos más críticos que se sostiene en la demanda es lo que se denomina como “uso indebido de la capacidad crediticia” de La Hacienda, ya que se precisa que Ansoleaga obtuvo dos créditos bancarios uno por $88 y otro por $177 millones, a nombre y rut de esta sociedad, pero no utilizando el dinero en el financiamiento de este lugar.
Ya que “destinó sus fondos en beneficio exclusivo de su “Holding gastronómico personal y de otras empresas del Grupo Los Lirios”. Esto significó para La Hacienda pagara $65 millones en intereses por “deudas que no le eran propias ni le reportaron beneficio alguno, configurando un perjuicio patrimonial líquido y cuantificable”.
Asimismo, se precisa que el querellado habría reconocido esta acción al ser confrontado con la evidencia y que, adicionalmente a modo de consecuencia “la capacidad crediticia de quedó completamente agotada”.
Siguiendo con el detalle de la querella, se señala que Ansoleaga habría incurrido en el “mecanismo delictivo” de “sobreprecios” a través de empresas vinculadas al holding gastronómico, imponiendo de proveedores a dos empresas de “su propiedad” que vendían a La Hacienda insumos a valores que se califican de “excesivos e infundados”.
Este punto habría causado cobros conjuntos por más de $400 millones. Apuntando que no “existió proceso de cotización ni licitación alguna”.
Los puntos en la demanda no quedan ahí, también precisa que hubo “manipulación contable” donde se señalaba que existía falta de liquidez en el negocio, lo que derivó reducir “artificialmente” su valor y con esto bajar el pago que le correspondía a la socia querellante.
O que, entre las modificaciones se sumaban, por ejemplo, acreedores. De la misma manera, se expone que el querellado habría realizado el traslado de activos fijos de propiedad de la sociedad –mesas, sillas, un baño maría y ventiladores de techo- hacia locales de su propiedad en Santiago.
Finalmente, en un pasaje de la querella se asegura que Ansoleaga al ser simultáneamente el dueño, representante legal y administrador exclusivo de todas las personas jurídicas imputadas, “excluye toda posibilidad de que los ilícitos fueran cometidos sin su pleno conocimiento y decisión”.
César Zamorano, abogado patrocinante de la querella, señaló a El Tipógrafo que con la acción judicial «buscamos que se ejecuten las diligencias solicitadas, que se formalice al imputado y a las personas jurídicas que por su gestión se han beneficiado del restorán La Hacienda, que se las juzgue y se declare por los tribunales de Rancagua que son autor y responsables, respectivamente, de los delitos económicos por los que nos hemos querellado».
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