Una cosa es la declaración previa de patrimonio e intereses que exige el Servel para inscribir una candidatura parlamentaria (Ley N° 18.700) y otra muy distinta la información financiera que aprueba la Contraloría General de la República cuando los electos asumen formalmente el cargo.
Al tomar posesión de sus escaños el 11 de marzo, la Ley N° 20.880 obligó a las autoridades a actualizar y transparentar su patrimonio en InfoProbidad. Sin embargo, la revisión posterior del ente de control derivó en una serie de “presentaciones a requerimiento del órgano fiscalizador”, con rectificaciones obligatorias que terminaron ajustando el nivel real de endeudamiento y activos de la bancada regional.
El desfase entre la partida y el balance consolidado se explica en gran medida por la dinámica del financiamiento político en el país: los créditos bancarios contratados para financiar la contienda electoral quedan inicialmente condicionados a las rendiciones y reembolsos del Servel. Sin embargo, al auditar las fichas de ingreso, el órgano fiscalizador exige transparentar el estado financiero neto y consolidado de los legisladores.
En el territorio que abarca Rancagua y las comunas del norte regional (Distrito 15), los cinco representantes mostraron dinámicas financieras diversas entre la foto de asunción y el filtro fiscalizador.
El diputado Raúl Soto Mardones (PPD) lidera los incrementos entre los reelectos, ya que en su reporte preliminar de marzo consignó deudas por $223,8 millones, pero en el registro definitivo de abril la cifra escaló a $344.945.137. El desglose incluye un crédito hipotecario con el Banco BCI por $261,8 millones, un préstamo de consumo por $62,8 millones y una deuda automotriz con Forum por $20,2 millones.
Por su parte, la diputada reelecta Natalia Romero Talguia (Ind.-UDI) ajustó su pasivo hipotecario (Banco de Chile) pasando de los $99,1 millones declarados en el primer informe a $137.060.000 en el balance consolidado. En paralelo, Romero figura entre las autoridades con mayor liquidez privada de la zona, con $69,5 millones colocados en fondos mutuos.
Ya entre los debutantes del distrito, el diputado Fernando Ugarte Tejeda (Rep.) expuso variaciones desde el primer mes al duplicar su nivel de endeudamiento consignado, pasando de los $26 millones informados al asumir en marzo a $53.183.918 en la revisión de abril, monto repartido en vales de consumo y tarjetas de crédito con BancoEstado e Itaú.
En contraste, el diputado Fernando Zamorano Peralta (Ind.-PS) ingresó a la Cámara con un perfil de bajo endeudamiento bancario directo. Tras la revisión de Contraloría, su ficha no arrojó observaciones por omisiones de bienes ni saltos significativos en sus pasivos, manteniendo su declaración centrada en patrimonio inmobiliario registrado y compromisos financieros menores regularizados desde su candidatura. En esa misma línea, la diputada Valentina Cáceres Monsalvez (Ind.-FA) mantuvo su reporte de ingreso sin variaciones sustanciales ni requerimientos de corrección por parte del ente fiscalizador, registrando activos y pasivos acotados de consumo desde su primera declaración formal ante InfoProbidad.
En el distrito 16, la revisión de InfoProbidad dejó en evidencia tanto la fiscalización directa del organismo como declaraciones sin alteraciones sustanciales.
El diputado Ricardo Neumann Bertín (Ind.-UDI) protagoniza el caso que grafica con mayor claridad la fiscalización directa del organismo. Encabeza el volumen de pasivos regional con un crédito hipotecario en el Banco Santander por $520.673.050 —monto que mantuvo intacto desde su primer reporte—, pero su ficha debió ser reingresada en abril dado que el parlamentario había omitido en su ingreso inicial un automóvil Nissan X-Trail 2026 valorado en $22 millones, obligándolo a rectificar su patrimonio registrable.
En su calidad de debutante, la diputada Carolina Cucumides Calderón (Ind.-FA) transparentó dentro de su balance de ingreso la participación sobre un inmueble valorado en USD 190.000 a nombre de su cónyuge, consolidando su ficha patrimonial sin deudas bancarias.
Asimismo, el diputado Sebastián Cristoffanini Jaraquemada (Rep.) ingresó a la Cámara con una ficha patrimonial ordenada que no registró discrepancias. Su reporte de asunción se mantuvo libre de grandes pasivos hipotecarios o de consumo, configurando un perfil financiero austero centrado en activos vehiculares registrados y compromisos bancarios corrientes sin observaciones del ente fiscalizador.
Finalmente, el parlamentario reelecto Félix Bugueño Sotelo (FA) mantuvo sus declaraciones patrimoniales alineadas a sus registros previos de candidatura y del periodo anterior, sin presentar requerimientos extraordinarios de la Contraloría.
Con estas fichas patrimoniales corregidas, validadas o ratificadas tras las observaciones del órgano fiscalizador, los nueve representantes de la Región de O’Higgins iniciaron su gestión legislativa con la foto exacta de sus activos y deudas bancarias sobre la mesa.
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