Durante la jornada de este martes se realizó la cuenta pública de la Defensoría O’Higgins, instancia en que el defensor regional, Claudio Aspe Letelier, dio cuenta de la gestión de la entidad durante el año 2025.
En la oportunidad detalló el número de atenciones realizadas por la Defensoría durante el 2025, cifrado en 20.640 personas lo cual, si bien no refleja un aumento significativo en relación años anteriores, les preocupa el aumento de causas complejas.
Entre ellos, los casos como el robo a Brinks, el doble homicidio en una parcela de Graneros, el de Pueblo de Indios y otras son causas con numerosos imputados, con una cantidad importante en prisión preventiva y también casos en que se investigan un alto número de delitos, por lo que se requiere de más de un defensor (hasta 6 en algunos casos, a raíz de las defensas incompatibles) en un trabajo extenso y complejo, demandando un especial esfuerzo de los equipos.
«Hasta hoy hemos dado con esfuerzo respuesta a estas nuevas exigencias, sin embargo, nos preocupa que modificaciones legales como aquella que fortalece al Ministerio Público, no vaya de la mano de un fortalecimiento de la Defensoría Penal Púbica, que resulta absolutamente necesario para mantener un equilibrio de fuerzas entre las instituciones del sistema judicial, que nos permita otorgar una cobertura y prestación de defensa de calidad a nuestros representados, pues mientras no haya un incremento al servicio de defensa, se puede perjudicar el debido proceso”, señaló el defensor regional.
Por otro lado, la autoridad manifestó en su discurso que “la sociedad demanda mayores niveles de protección para sus bienes jurídicos y exige del Estado respuestas más efectivas, aun a costo de limitar muchas veces sus propios derechos o libertades individuales. Se exige contar con un marco punitivo que sancione más severamente los delitos de mayor ocurrencia o que generan más alarma pública, con normas o leyes reactivas. Como Defensoría Penal no podemos ser ajenos a esta realidad, sobre todo cuando frente a esta demanda, en las medidas que se plantean, hay un acento en aquellas de carácter estrictamente punitivo, basta pensar en la actual discusión para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes”.
Según se informó, esta sensación de impunidad y falta de justicia determina, muchas veces, que las medidas cautelares privativas de libertad, como la prisión preventiva, aumenten año a año. A saber, en el 2022 hubo 984 ingresos, el 2023 se registraron 1198, 1383 en 2024, y 1414 en 2025, proyectando para este año una cifra similar. El problema mayor, lo sufren las personas que son enviadas a la cárcel durante el proceso de investigación pasando días, meses y hasta años presas y que al final del juicio son declaradas inocentes, solo el 2025 en O’Higgins se registraron 169 hombres y mujeres que pasaron por esta situación.
Respecto a las personas con patologías mentales que pasan por el proceso penal, el defensor regional informó que a la fecha mantienen la tramitación de 442 causas con este tipo de imputados en las que se debate su inimputabilidad por esta causa, habiendo entre ellas personas que se mantienen en cárceles comunes pues los hospitales con unidades forenses están colapsados y el sistema de salud regional presenta dificultades para hace cargo de ellos, manteniéndolos en un penal, donde son un peligro latente para sí mismos y para terceros.
Finalmente, Claudio Aspe, reafirmó el compromiso de la Defensoría Penal con la representación de todas y todos los ciudadanos que lo requieran, particularmente, aquellos más vulnerables, pues el cometido de su equipo es luchar a diario por cuidar el debido proceso, los derechos y la dignidad de todos sus usuarios.
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