La Contraloría General de la República estableció un nuevo criterio que regirá para todas las municipalidades del país, al determinar que los alcaldes no podrán utilizar sus redes sociales, personales o institucionales, para presentar como logros propios la ejecución de obras o servicios municipales vinculándolos con promesas realizadas durante sus campañas electorales.
El pronunciamiento quedó establecido en el dictamen N.º OF128769N26, considerado por el organismo como un precedente de jurisprudencia administrativa, por lo que su aplicación podrá extenderse a futuros casos similares.
La resolución surgió tras una denuncia relacionada con publicaciones efectuadas en la cuenta personal del alcalde de Huechuraba, Max Luksic. Al revisar los antecedentes, Contraloría concluyó que uno de los mensajes establecía una relación directa entre una promesa de campaña y la posterior implementación de un servicio municipal, atribuyendo el resultado a la autoridad comunal.
Para el organismo fiscalizador, este tipo de publicaciones podría vulnerar el principio de probidad administrativa, ya que las obras, programas y servicios ejecutados corresponden a la gestión institucional del municipio y no a logros personales de quien ejerce el cargo.
El dictamen aclara que los alcaldes conservan plenamente sus derechos políticos y pueden expresar opiniones o desarrollar actividades de esa naturaleza fuera de su jornada laboral y utilizando recursos propios. Sin embargo, advierte que esa libertad no permite mezclar la gestión institucional con compromisos adquiridos durante una campaña electoral.
En consecuencia, la Contraloría instruyó que, en adelante, las autoridades comunales deberán abstenerse de publicar contenidos que relacionen obras, proyectos o servicios municipales con promesas de campaña, tanto en cuentas personales como institucionales.
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