Durante algunos días el país entró en una escalada de pánico y horror por un presunto tráfico de cerca de 200 niños haitianos ingresados presuntamente de manera irregular. El gobierno llegó incluso a conformar un equipo multidisciplinario (fuerza de tareas), para abordar esta verdadera «bomba», que fue tomada por los medios de comunicación y amplificada de norte a sur.
En nuestra propia región, el alcalde de Graneros avisó el viernes que en su comuna habría al menos nueve menores haitianos respecto del caso.
Todo un malentendido
Una nota publicada por El Mostrador, arroja luces sobre lo que pasó. Señala que «el preinforme reservado N° 541 de la Contraloría General de la República, de 70 páginas, fechado el 14 de abril de 2026 y dedicado íntegramente al ingreso de niños haitianos a Chile, no contiene en ninguna de sus páginas las palabras “trata” ni “tráfico”. Ni una vez. Lo que el informe sí dice, con frialdad burocrática y precisión técnica, es que el Servicio Nacional de Migraciones no cruzó bien sus bases de datos, que la PDI no tenía protocolos formales, que la Subsecretaría de la Niñez no hizo seguimiento oportuno«. Es decir un desorden administrativo a nivel de instituciones que no cotejaron datos ni antecedentes.
Además, queda claro, que los encargados de leer a conciencia dicho informe de Contraloría antes de encender las alarmas no lo hicieron y sólo se quedaron como se dice comúnmente «con el titular».
Lo bueno, finalmente, es que no hay tráfico de personas, que era lo relevante y alarmante.
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