Desorden y falta de coordinación interinstitucional reveló el informe de la Contraloría General de la República (CGR) respecto al programa de Reunificación Familiar, gatillando el inicio de sumarios administrativos y el envío inmediato de los antecedentes a la Fiscalía por el eventual delito de tráfico de migrantes tras el caso del supuesto ingreso irregular de niños haitianos al territorio nacional.
El principio de reunificación familiar está consagrado en la legislación migratoria nacional como un mecanismo para resguardar la unidad del núcleo familiar, sin embargo, en su informe de investigación especial Nº 541/2025 la CRG determinó que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) vulneró el ordenamiento jurídico al modificar y eximir requisitos legales vigentes mediante simples memorándums internos.
En paralelo, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC) mantuvo la operación de aerolíneas infractoras priorizando criterios comerciales, mientras que la Subsecretaría de la Niñez actuó a ciegas al no recibir oportunamente las nóminas por parte del SERMIG.
En tanto, la PDI operó sólo de forma reactiva, permitiendo ingresos sin alertar a tiempo la situación. Las acciones inmediatas del ente contralor fueron la derivación al Ministerio Público de los antecedentes e instruir la apertura de sumarios administrativos disciplinarios en los organismos involucrados.
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