Desde el pasado 2 de junio comenzó a regir en el país la nueva normativa que endurece las sanciones para quienes evadan el pago de la tarifa en el transporte público, medida que busca disminuir los niveles de evasión y fortalecer el financiamiento del sistema. La legislación incorpora nuevas facultades de fiscalización y establece una serie de sanciones que van desde multas económicas hasta restricciones para acceder a determinados servicios y beneficios.
En conversación con El Tipógrafo, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de O’Higgins, Julio Gutiérrez, explicó que la entrada en vigencia de la ley implicará un reforzamiento de los controles en la zona. “Tenemos equipos de fiscalización cuya labor, entre varias, es la de supervisar a los pasajeros y fiscalizar el pago del transporte público. Ese trabajo se va a fortalecer”, señaló la autoridad regional.
En la misma línea, detalló que “tenemos otras instancias también, como inspectores municipales, que nos van a poder ayudar en esta labor y eventualmente también los propios operadores van a poder tener equipos de fiscalización que van a tener que ser aprobados por este ministerio”, indicó.
Entre las medidas que contempla la nueva normativa se encuentra la obligación de que los pasajeros ingresen por la puerta delantera de los microbuses. Asimismo, cuando no se pueda constatar el pago de la tarifa, Carabineros, inspectores municipales, personal autorizado por EFE o fiscalizadores del sistema estarán facultados para exigir el pago de una tarifa recargada al pasajero infractor.
En caso de que la persona se niegue a efectuar dicho pago, podrá ser obligada a abandonar el vehículo. Además, los antecedentes de la infracción serán remitidos a la Subsecretaría de Transportes para iniciar el correspondiente procedimiento sancionatorio, lo que podría derivar en la incorporación del sujeto al Registro de Pasajeros Infractores.
Respecto a la importancia de cumplir con el pago del servicio, Gutiérrez apuntó: “El llamado es a hacer propio el transporte público. El pago de la tarifa es uno de los ejes fundamentales para que el sistema funcione, para que el sistema sea estable y permanezca en el tiempo”, afirmó.
Sanciones
La nueva legislación establece distintas sanciones para quienes sean sorprendidos evadiendo el pago de la tarifa. Entre ellas figuran multas, las cuales podrían verse reducidas si el infractor reconoce la falta y regulariza el pago dentro de los 20 días posteriores a la infracción.
A ello se suma la denominada tarifa recargada, que corresponde a un cobro superior al valor habitual del pasaje y que no podría ser inferior a 20 veces la tarifa adulta vigente. La ley también contempla sanciones para quienes hagan un uso indebido de beneficios tarifarios, como la TNE, la tarjeta para personas mayores u otros mecanismos de rebaja o gratuidad. En estos casos, los usuarios podrían perder dichos beneficios por un período de entre uno y dos años en caso de reincidencia.
Sin embargo, las consecuencias no se limitan al ámbito del transporte. La normativa incorpora una serie de restricciones adicionales para quienes permanezcan inscritos en el Registro de Pasajeros Infractores. Una de ellas es la prohibición de adquirir entradas para encuentros del fútbol profesional, impidiendo el ingreso a los estadios mientras se mantenga vigente la inscripción en el registro.
Además, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá rechazar las solicitudes de obtención o renovación de pasaporte de quienes figuren como infractores vigentes. En el caso de los ciudadanos extranjeros, la ley también contempla restricciones migratorias asociadas a la permanencia en el Registro de Pasajeros Infractores.
Finalmente, el seremi de Transportes reiteró el propósito de la nueva normativa: “El objetivo es muy claro y tiene un elemento clave: el transporte público nos pertenece a todos y, por lo tanto, debemos cuidarlo”, apuntó la autoridad.
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