La disputa legal comenzó formalmente el 7 de noviembre de 2025, cuando la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins dictó la Resolución Exenta 845. Este documento buscaba garantizar el libre acceso al Estero Roma, un bien nacional de uso público, en respuesta a una solicitud de la Municipalidad de San Fernando, que acusaba dificultades de ingreso para turistas y pescadores.
La resolución fijó una vía de acceso de 2,1 kilómetros a través de un camino privado, amparándose en el artículo 13 del Decreto Ley 1.939, que obliga a los propietarios colindantes a facilitar el acceso a las playas cuando no existen otras vías públicas. Sin embargo, el proceso nació con un ‘cabo suelto’: la autoridad citó a la audiencia pública mediante el Diario Oficial, argumentando que los dueños de los terrenos eran un «número indeterminado de personas». Al no asistir nadie a la cita del 26 de septiembre de 2025, el trámite siguió su curso hasta su publicación definitiva.
La contraofensiva y el «documento fantasma»
Tras la aprobación, los propietarios afectados, Inversiones Santa Marta, representados por Miguel Ángel Núñez Estay, iniciaron una contraofensiva legal. El 12 de diciembre de 2025 solicitaron la invalidación de la resolución, alegando que jamás fueron debidamente emplazados, a pesar de que la administración contaba con los antecedentes necesarios para identificarlos y notificarlos de forma directa.
En declaraciones a El Tipógrafo, Miguel Núñez, profundizó en las irregularidades del proceso y denunció la desaparición de una pieza clave: el oficio municipal (Ord. N° 511) que supuestamente inició el trámite en 2023. Según el propietario, al realizar una consulta vía Transparencia, la Municipalidad respondió que dicho registro «no existía», y Bienes Nacionales tampoco lo tenía en el expediente. Núñez calificó la situación de «curiosa» y «llamativa», cuestionando abiertamente si la denuncia original fue real o un «invento».
Conflicto de portones y el «show» mediático
Mientras la arista administrativa avanzaba, el conflicto escaló a los tribunales de justicia mediante un recurso de protección interpuesto por una agrupación sociocultural de Roma, que exigía la apertura de los accesos basados en la polémica resolución 845.
En ese contexto, Núñez relató que la Corte de Apelaciones dictó una orden de no innovar parcial. Esta medida lo obligó a entregar una copia de la llave del portón a un representante de la agrupación (el señor Valdivia) para permitir el ingreso controlado, pero aclarando que esto no implicaba dejar el acceso abierto permanentemente ni retirar la estructura. Paralelamente, el propietario lanzó duras críticas contra el alcalde de San Fernando, acusándolo de montar un «show» mediático al participar en una apertura forzada del portón junto a la prensa y parlamentarios.
El vuelco: Invalidación y retrotracción
Finalmente, el 10 de junio de 2026, la Delegación Presidencial de O’Higgins dio un golpe de timón al dictar la Resolución Exenta 400, la cual acogió el reclamo de los privados e invalidó la resolución original. El argumento central fue un vicio esencial e insubsanable: la falta de un emplazamiento efectivo a los dueños del predio. La autoridad reconoció que Núñez y la empresa no eran «interesados indeterminados» y que la notificación por el Diario Oficial vulneró su derecho a defensa.
Hitos del proceso
20 de octubre de 2023; La Municipalidad de San Fernando solicita a Bienes Nacionales evaluar la factibilidad de un acceso al Estero Roma.
26 de septiembre de 2025; Se realiza la audiencia pública. Se cita por el Diario Oficial como «interesados indeterminados» y no asiste ningún propietario.
7 de noviembre de 2025; Se dicta la Resolución Exenta N° 845, fijando el acceso peatonal y vehicular con un vicio de notificación de origen.
12 de diciembre de 2025; Inversiones Santa Marta solicita formalmente la invalidación del proceso por falta de notificación directa.
28 enero de 2026; La autoridad abre formalmente el proceso de invalidación.
12 de febrero de 2026; En audiencia de contradictoriedad, se constata que el error de notificación vulneró el derecho a defensa de los privados.
10 de junio de 2026; La Delegación Presidencial dicta la Resolución Exenta N° 400 en Rancagua, anulando el acceso y ordenando reiniciar todo el proceso.
La Resolución Exenta N° 400 del 10 de junio de 2026 fue emitida y firmada electrónicamente por Susana Pilar Pinto González, en su calidad de Delegada Presidencial Regional del Libertador Bernardo O’Higgins.
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