Tras la emisión del informe final de la Contraloría General de la República el pasado 25 de junio de 2026, el excandidato a alcalde y exconcejal de la comuna, Andrés Jorquera Cifuentes, alzó la voz para denunciar una gestión que califica como «plagada de falencias y falta de transparencia». Para el exedil, estos antecedentes que él mismo ya había advertido en años anteriores no hacen más que confirmar una crisis profunda en la administración de los recursos públicos locales.
Uno de los puntos más críticos del documento técnico es la orfandad de respaldo para desembolsos significativos. Según detalló Jorquera, «alrededor de 149 millones de pesos no han sido aclarados por parte de la municipalidad», a pesar de haberse cumplido holgadamente los plazos legales otorgados para presentar las rendiciones y la documentación de rigor.
A la par, el líder político enfatizó la preocupante habitualidad con la que se recurre a las compras sin licitación pública. Jorquera recordó que ya en 2023 se alertaba que «prácticamente el 73% de las compras eran en trato directo, lo que resulta impresentable». A su juicio, lejos de corregirse, esta práctica se consolidó con el tiempo, arrastrando sospechas de favoritismo político: «Es impresentable ver que todos los tratos directos, sobre todo con respecto al tema de este proveedor, hayan sido con él, siendo que fue parte activa de la campaña del alcalde», fustigó de forma tajante.
Acciones legales ante el silencio del Concejo Municipal
La gravedad de los hallazgos descritos en la auditoría obligó a la Contraloría a remitir los antecedentes a instancias superiores de la justicia chilena. «La Contraloría General de la República está enviando esto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y, a la vez, al Ministerio Público para que se investigue», confirmó Jorquera, quien además adelantó que se hará parte de la causa penal de forma particular junto a su equipo jurídico.
En contraposición a su rol fiscalizador, el exconcejal criticó duramente la inacción de las autoridades edilicias en ejercicio. Para él, «la pasividad de los concejales es demasiado preocupante, ya que han pasado muchos años y no veo ninguna presentación» ante el Tribunal Electoral Regional (TER). En esa línea, remarcó que ya se acumulan «más de nueve informes de Contraloría que dejan en evidencia la mala administración de los recursos públicos» en San Fernando, sin que el cuerpo de concejales adopte medidas drásticas.
Otros frentes de investigación
El informe de la entidad de control va mucho más allá de la gestión de compras ordinarias. Jorquera enumeró una serie de proyectos emblemáticos y millonarias deudas que ensombrecen el panorama financiero de la capital de Colchagua, entre los que destacan:
Alcantarillado de Puente Negro: Irregularidades estructurales y administrativas en su ejecución.
Conflicto de Parquímetros: Una deuda por falta de pago a la empresa concesionaria que ya supera los 500 millones de pesos.
Programa «Quiero mi barrio»: Una severa incertidumbre sobre el destino de los fondos del programa, los cuales presuntamente no se encuentran en las cuentas municipales.
Ante este complejo escenario institucional, la comunidad de San Fernando se mantiene expectante a los avances que determine el Ministerio Público, mientras figuras como Andrés Jorquera continúan presionando para que «realmente se busquen y determinen las responsabilidades del mal uso de los recursos municipales».
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