Denuncia por el presunto incumplimiento de la Ley 18.883 sacude a la administración municipal de San Fernando. El ciudadano José Antonio Pavez Morales ha presentado una denuncia formal ante la Contraloría Regional tras detectar, mediante una solicitud de transparencia, la contratación de personal extranjero en cargos que, por ley, estarían reservados para ciudadanos chilenos o bajo modalidades contractuales irregulares.
La investigación personal de Pavez Morales, comenzó el 15 de abril de 2026, cuando solicitó a la municipalidad el listado de contrataciones de extranjeros entre enero de 2025 y abril de 2026, amparándose en dictámenes recientes de la Contraloría sobre la materia, señala que «ingresé una solicitud de información con fecha el día 15 de abril del 2026, donde lo estoy solicitando a la municipalidad que me mande el listado de la contratación de personal extranjero de acuerdo al último dictamen de Contraloría según la ley 18.883».
El hallazgo vía Transparencia
La respuesta oficial, entregada el 27 de abril mediante el oficio número 435, reveló la presencia de varios funcionarios extranjeros en áreas estratégicas:
Una encargada de Relaciones Públicas (Argentina), un asesor jurídico en planta (Colombiano), cinco funcionarios en áreas de Cultura, Informática y Seguridad Pública (Venezolanos) bajo modalidad de honorarios, un médico psicotécnico (Ecuatoriano) bajo el Código del Trabajo.
Según Pavez, estas contrataciones vulneran la normativa vigente. En particular, destaca que el cargo de asesor jurídico de planta y otros roles directivos deben ser ejercidos por chilenos. Además, cuestiona la legalidad de los contratos a honorarios, señalando que el artículo 4 de la Ley 18.883 exige que estas labores sean accidentales y no habituales. Sin embargo, los registros muestran que algunos de estos funcionarios mantienen una continuidad laboral desde julio de 2021 o inicios de la actual gestión en 2024, lo que configuraría una irregularidad administrativa.
Acciones legales y posibles sanciones
Ante la evidencia, el 29 de abril Pavez Morales, acudió personalmente a las oficinas de la Contraloría Regional. Con el requerimiento de que «se solicita iniciar investigación especial o sumario administrativo, ordenar la inmediata cesación de los contratos irregulares si así el caso lo determinase».
La denuncia apunta directamente a la cúpula administrativa por lo que el ciudadano Pavez, describe como un «incumplimiento flagrante», exigiendo «aplicar las sanciones administrativas al señor alcalde, director de recursos humanos, administrador municipal y director jurídico por falta de probidad y negligencia». Para el denunciante, existe una responsabilidad compartida ya que » hay una cadena de mando que es el que firma el decreto de la contratación (…) hay un administrador municipal que visa y también pueda existir una responsabilidad importante de la unidad de control».
Incluso, el denunciante ha ido más allá solicitando que, de acreditarse un mal uso de recursos públicos, los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía por posibles delitos de malversación o fraude al fisco.
Crítica a la fiscalización y transparencia
Durante la entrevista, Pavez lamentó la «reacción tardía» de algunos concejales y criticó la gestión del alcalde Silva, afirmando que existe una tendencia a no responder a las solicitudes de información del Concejo Municipal. «La pregunta es ¿por qué contratan a un extranjero incumpliendo la normativa y se deja a personas chilenas fuera de la posibilidad de aspirar a un cargo de esta naturaleza?», cuestionó el denunciante.
Finalmente, Pavez señaló que esta denuncia es una oportunidad para mejorar la administración municipal y dar certeza a los trabajadores. Instó al alcalde, quien forma parte del directorio de la Asociación de Municipalidades, a liderar una mesa de trabajo para proponer modificaciones legales que permitan contratar profesionales extranjeros de manera regular y garantista en el ámbito público.
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