El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil asumió oficialmente la administración de las sanciones penales adolescentes en el país tras el cierre definitivo del Sename, hecho ocurrido el pasado 12 de enero. El organismo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está a cargo de jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley, bajo un modelo apuntado a reducir la reincidencia y facilitar su reintegración social.
En entrevista con El Tipógrafo, la directora nacional del servicio, Rocío Faúndez, sostuvo que el nuevo sistema busca marcar distancia respecto al funcionamiento histórico del Sename, incorporando una intervención especializada centrada en los adolescentes y sus contextos familiares, educativos y sociales. “Nunca Chile había tenido un servicio dedicado especialmente a acompañar a adolescentes que han cometido un delito en su proceso de cambio de vida”, afirmó.
La autoridad agregó que el objetivo no solo tiene una dimensión social, sino también de seguridad pública. “Esta es una inversión en seguridad. Hacer bien la reinserción también permitirá tener calles y comunas más seguras en los próximos años”, señaló.
En la Región de O’Higgins, el servicio comenzó su despliegue operativo hace cerca de tres meses mediante una red de coordinación con instituciones de salud, educación y capacitación laboral, entre otras áreas. Uno de los hitos recientes fue la firma de un convenio con la Municipalidad de Graneros, comuna donde funciona el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC). El acuerdo busca facilitar el acceso de adolescentes a programas municipales, generar cupos para labores de Servicio en Beneficio de la Comunidad (SBC) y fortalecer el acompañamiento tras el egreso de la internación.
Según explicó Faúndez, el modelo depende de la articulación entre distintas instituciones públicas y privadas. “La reinserción no la logra el joven solo, ni este servicio solo tampoco”, indicó.
Con ello, el nuevo organismo busca instalar una lógica distinta a la del antiguo Sename, enfocada en seguimiento técnico, intervención territorial y trabajo intersectorial para evitar que adolescentes vuelvan a delinquir.
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