Cinco asociaciones gremiales del Poder Judicial chileno (ANEJUD, APRAJUD, ANCOT, ANFUCAPJ y OTJ) emitieron una declaración pública para manifestar su profunda preocupación por la forma en que se ha enfrentado institucionalmente la situación del juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barría.
El magistrado fue condenado de forma unánime en septiembre de 2025 a 541 días de presidio bajo libertad vigilada intensiva, tras acreditarse un delito consumado de abuso sexual contra una funcionaria subalterna en 2018.
Los gremios criticaron que, pese a la gravedad del fallo que se impuso a Barría, la Corte Suprema aplicara sanciones administrativas de «baja intensidad», consistentes en solo tres meses de suspensión y su traslado a la Corte de Apelaciones local, permitiéndole mantener su rango y posición de poder.
De esta manera, la ofensiva gremial se ubica en la antesala de que la Corte Suprema resuelva sobre el recurso de nulidad presentado por la defensa del juez con la que busca dejar sin efecto el juicio y la condena.
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