En la tercera edición de Diálogo Regional de El Tipógrafo, el seremi de educación de O’Higgins, Jorge Abarzúa, abordó los desafíos inmediatos de su instalación en el cargo, el proyecto “Escuelas Protegidas”, la seguridad escolar y el rol de las comunidades educativas. La conversación se dio en un contexto marcado por hechos de violencia recientes en establecimientos del país y la región, lo que ha acelerado la discusión pública sobre medidas preventivas.
Abarzúa, con dos semanas en el cargo, explicó que su despliegue territorial ha estado centrado en seguridad escolar, pero también en problemas estructurales como matrícula, reconocimiento oficial y brechas de ruralidad. “Hemos visitado varias comunas, poniendo a disposición todo nuestro equipo en terreno”, señaló, destacando que la ruralidad extrema condiciona factores como el transporte, asistencia y calidad educativa.
Uno de los ejes centrales abordados fue el proyecto de Escuelas Protegidas del Ejecutivo, ingresado al Congreso el pasado 7 de abril con suma urgencia. El seremi defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer la responsabilidad al interior de los planteles. “La comunidad educativa tiene que volver a hacerse responsable de sus acciones”, afirmó, subrayando que el marco normativo permitirá a los colegios definir protocolos internos con mayor claridad y respaldo.
Sobre la polémica revisión de mochilas, aclaró que el proyecto establece un carácter voluntario, pero habilitaría a los establecimientos a incorporarlo en sus reglamentos internos si así lo decide la comunidad. “Si alguno de los estudiantes se niega, se activa un protocolo en el cual se acude a Carabineros”, explicó, ejemplificando cómo operaría el procedimiento en la práctica. Insistió en que no se trata de vulnerar derechos, sino de consensuar normas dentro de cada proyecto educativo: “si nosotros definimos como comunidad qué se va a hacer, no estaríamos vulnerando nada”.
Abarzúa también abordó críticas que apuntan a que la ley no resuelve factores de fondo, como la salud mental o la vulnerabilidad social. Reconoció la complejidad, pero enfatizó que el colegio no puede asumir responsabilidades que corresponden a otros actores. “En el colegio se levantan las alertas, pero el rol del docente no puede ser hacerse cargo del problema”, dijo, destacando la necesidad de diálogo y articulación con redes externas y de proyectos educativos que respondan a su realidad territorial.
El seremi adelantó que la repartición está reorganizando equipos para fortalecer el apoyo jurídico en terreno, especialmente en la implementación de protocolos y reglamentos internos. Además, señaló disposición a reunirse con gremios, aunque aún no ha sostenido encuentros con el Colegio de Profesores.
La conversación cerró con el compromiso de abordar los avances la tramitación del proyecto en el parlamento, además de la definición de los impactos presupuestarios derivados de la instrucción presidencial de reducir los gastos ministeriales en un 3% en la región.
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