En medio del aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales del país, la reciente encuesta Plaza Pública de Cadem evidenció un respaldo ciudadano a medidas de seguridad en colegios, aunque también mostró escepticismo respecto a su impacto real.
De acuerdo con el sondeo, un 70% de los encuestados está de acuerdo con el plan “Escuelas Protegidas”, mientras que un 75% respalda que estudiantes involucrados en hechos violentos pierdan el acceso a la gratuidad.
El apoyo se extiende a medidas más estrictas: un 88% aprueba sancionar o expulsar a estudiantes que participen en hechos violentos, así como la instalación de cámaras de vigilancia en los establecimientos. Asimismo, un 79% está a favor de detectores de metales, un 77% de la revisión de mochilas y un 74% de implementar cámaras con reconocimiento facial en los accesos.
En esa línea, la seguridad se posiciona como prioridad para la ciudadanía, ya que un 91% considera más importante resguardar la integridad de los estudiantes por sobre la privacidad.
Sin embargo, pese al amplio respaldo a estas medidas, el estudio también revela dudas sobre su eficacia. Solo un 38% cree que el plan será muy efectivo para reducir la violencia, mientras que un 32% estima que será simplemente efectivo.
En cuanto a las responsabilidades, un 41% de los encuestados considera que todos los actores tienen un rol en la problemática, mientras que un 31% apunta principalmente a las familias y apoderados como responsables.
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