La Región de O’Higgins no es ajena a la violencia que golpea a los establecimientos educacionales del país. Tras hechos dramáticos como el asesinato de una inspectora en Calama o incidentes locales —como el ingreso de un arma de fuego por parte de una alumno en Rancagua —, el debate se centra hoy en la efectividad del proyecto “Escuelas protegidas” del gobierno, que ha abierto un nuevo frente con partidarios y detractores antes de iniciar su discusión en el Congreso, con propuestas encaminadas a endurecer las normas de seguridad y convivencia en colegios como la revisión de mochilas, mayor autoridad docente y sanciones penales agravadas para delitos cometidos en los recintos educacionales.
Desde el Colegio de Profesores de O’Higgins, su presidenta regional Samanta Jorquera califica las medidas de revisión de pertenencias como «insuficientes» al no atacar el fondo del problema. Para la dirigenta, la violencia es un reflejo social: “los colegios de alguna forma reproducen la violencia estructural que aqueja nuestra sociedad”. Además, alerta sobre el déficit de personal especializado: “no existen la cantidad de trabajadores, de funcionarios y que aporten al desarrollo y a poder contener los problemas que tienen nuestros estudiantes”.
En contraste, Daniela Jara, directora del Colegio Don Bosco de Rancagua, recibe con expectación la posibilidad de mayores controles, acusando una desprotección histórica de los docentes: “se agradece porque nosotros no podemos tocar a los niños hoy día, no podemos registrarle las mochilas, no podemos hacer nada”. Jara enfatiza la necesidad de detectar otros peligros: “el peligro de las drogas es a todo nivel socioeconómico, se puede hallar en cualquier colegio”.
Desde la ruralidad, Matías Aguilera, jefe del DAEM de Paredones, aboga por la contextualización de las medidas. Aunque detalla que las comunas pequeñas no perciben la violencia de la misma manera, sostiene que la solución no es solo policial, sino afectiva y sistémica: “un niño que sufre maltrato, que no es bien tratado o amado en su familia, es muy difícil que pueda encontrar ese cariño en el establecimiento”. Por esto, el directivo insiste en que el foco debe volver al hogar: “el rol y el fortalecimiento de la familia, en este caso, tiene que ser preponderante al hecho de la intervención educativa”.
La discusión en O’Higgins permanece abierta, mientras las autoridades locales buscan un equilibrio entre la urgencia de la seguridad y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
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