La jornada de este lunes no trajo buenas noticias para los habitantes de la provincia de Colchagua. Al despuntar el alba trabajadores y estudiantes se encontraron con una realidad amarga en los paraderos: un incremento del 30% en el valor de los pasajes. El alza, impulsada por el precio de los combustibles, se sintió como un balde de agua fría para quienes dependen diariamente del transporte público para conectar San Fernando con ciudades como Chimbarongo, Nancagua y Santa Cruz.
Un golpe directo al presupuesto
Para muchos hogares de la Región de O’Higgins, la «marraqueta no estuvo crujiente». El ajuste tarifario no es una cifra abstracta, es dinero que se resta directamente del pan y los servicios básicos. Jaime Araya, gerente y dueño de “Transportes Chimbarongo”, confirmó que la medida responde a un alza descontrolada en los costos de operación que ya resultaba insostenible para los gremios.
El desglose de los nuevos valores dibuja un escenario complejo para el bolsillo popular:
- San Fernando – Santa Cruz: Subió de $1.500 a $2.000.
- San Fernando – Nancagua: Pasó de $1.300 a $1.700.
- San Fernando – Chimbarongo: Se elevó de $1.200 a $1.500.
Aunque desde el sector empresarial califican el ajuste como «moderado», para un trabajador que realiza dos viajes diarios, el gasto mensual adicional puede superar los $20.000, una cifra crítica en un contexto de inflación persistente.
Combustible y desconfianza: Las razones del alza
El argumento técnico detrás del incremento es la asfixia financiera. Según los transportistas, el precio del petróleo ha escalado más de un 60%, a lo que se suma el encarecimiento de insumos básicos como neumáticos y el aumento en las remuneraciones y viáticos de los conductores. Mantener una máquina en ruta hoy cuesta, en promedio, $60.000 adicionales por día.
«No es la idea perjudicar a la gente más humilde, pero cada empresario termina fijando su tarifa ante la falta de acuerdos colectivos», explicó Araya, señalando que la presión interna por alzas aún más agresivas era latente.
El abismo entre la política y la calle
La crisis del transporte rural en Colchagua también deja al descubierto una profunda grieta política. Existe un escepticismo total frente a las promesas gubernamentales sobre la «Ley Espejo» y los subsidios al transporte. A pesar de los anuncios ministeriales sobre subvenciones que llegarían a mediados de abril para frenar las tarifas, los dueños de microbuses no ocultan su desconfianza.
«Nadie le cree ya a los políticos», sentenció Araya, reflejando el sentir de un sector que se siente abandonado por el Estado. Mientras los anuncios de oficina no se traduzcan en rebajas reales en el surtidor o subsidios directos, el costo de la crisis seguirá recayendo, inevitablemente, en los hombros de los vecinos de Colchagua.
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