El fantasma de la falta a la probidad que acechaba a la Municipalidad de Placilla se ha disipado, dejando en el camino una de las derrotas políticas más amargas para la oposición local. En un dictamen emitido este 16 de febrero de 2026, la Contraloría Regional de O’Higgins puso punto final a la controversia, confirmando que no existió ninguna infracción legal en la relación entre el Director de Desarrollo Comunitario (Dideco) y una funcionaria del programa Prodesal.
La polémica, que tensionó las relaciones en el municipio, nació tras una denuncia de la concejala Daniela Díaz Arias. La acusación apuntaba a Jorge Farías Maturana (Dideco), por mantener una relación sentimental con Javiera Reyes Barrios, funcionaria de Prodesal. Bajo la premisa de que Prodesal depende administrativamente de Dideco, concejales argumentaron una vulneración al principio de probidad.
Esta sospecha no fue solo una duda administrativa, sino una herramienta de presión política. En sesiones previas, y pese a las medidas de resguardo explicadas por el alcalde Marcelo González, parte del Concejo utilizó este argumento para paralizar gestiones y rechazar convenios, apostando a una «inhabilidad» que hoy se demuestra inexistente.
El ente fiscalizador fue tajante: el principio de probidad se cumplió estrictamente. El municipio había tomado los resguardos necesarios: Se delegó la supervisión de la funcionaria en la profesional Paulina González. Se acreditó que las evaluaciones técnicas de Prodesal dependen externamente de INDAP. El director Dideco informó oportunamente el potencial conflicto, apartándose de toda decisión vinculada a la funcionaria.
La jugada maestra
Al gestionar y concretar el convenio con INDAP Regional por un periodo de tres años, el alcalde logró el objetivo administrativo sin requerir los votos de un concejo que, en esta pasada, perdió por goleada. La presunta incompatibilidad que usaban como escudo se desmoronó, y la gestión directa del edil aseguró la continuidad del programa.
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