A casi siete meses del accidente que enlutó a la División El Teniente y toda la Región de O’Higgins, nuevos antecedentes volvieron a sacudir a la principal empresa estatal del país. El pasado viernes 13 de febrero, la minera Codelco informó, mediante un reporte interno, la detección de inconsistencias y ocultamientos en la manera en que fueron reportados antecedentes técnicos tras un estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la mina El Teniente.
El informe se da en el contexto de la investigación por el accidente registrado el 31 de julio de 2025 en la división, tragedia que terminó con la vida de seis trabajadores contratistas y que mantiene en curso diligencias tanto administrativas como penales.
En el mismo comunicado, la estatal confirmó la salida de altos ejecutivos: Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de División El Teniente, actual gerente general, y de Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división.
La reacción no tardó. Esa misma jornada, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) instruyó a la estatal la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por el directorio. Desde el organismo fiscalizador señalaron que “estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad”.
El lunes 16 de febrero, el propio Sernageomin dio un paso más y presentó dos denuncias formales. La primera, ante el Ministerio Público, con el objetivo de que la justicia investigue una eventual comisión de delitos asociados al ocultamiento o alteración de información. La segunda, ante la Contraloría General de la República, para que el ente determine posibles responsabilidades administrativas en el actuar de la empresa estatal.
Finalmente llegamos a la jornada del 18 de febrero. Ayer, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante el Fiscal Regional. “Debemos investigar la responsabilidad penal de la persona jurídica y por tanto ese es el objeto de esta diligencia. Él declara en calidad de testigo, pero como representante de la persona jurídica (…) Lo que hoy tenemos en definitiva son antecedentes que dicen relación con la responsabilidad penal de la empresa Codelco a partir del cuasi delito”, señaló Aquiles Cubillos, Fiscal Regional.
¿Qué dice Fiscalía y cómo avanza la indagatoria?
El Fiscal Regional, Aquiles Cubillos, abordó públicamente la situación y confirmó que el Ministerio Público ya se encontraba analizando el contenido del informe dado a conocer por Codelco. No obstante, precisó que parte de los antecedentes revelados no resultan nuevos para la investigación penal en curso.
“Recibimos esta información, la estamos procesando, pero no nos sorprende por cuanto ya teníamos elementos en la carpeta investigativa que hablaban de algunos problemas respecto del evento del 2023. Es más, nuestra investigación, lo puedo señalar, va un poco más allá. Hemos requerido antecedentes incluso de otro evento que es del año 2021”, sostuvo el persecutor.
Consultado respecto a la eventual incorporación del delito de obstrucción a la justicia, Cubillos fue cauto, señalando que podría haber algún tipo de falsedad cometida en la entrega de información a Sernageomin.
En esa misma línea, y ante la posibilidad de que se configure el delito de falsificación de instrumento público, el fiscal indicó que “podría ser o algún otro tipo especial. En lo que estamos estudiando también dice relación con los documentos que en definitiva tenemos que ver a través los cuales se concretó la entrega de información a Sernageomin”.
Respecto al avance de la investigación por el accidente fatal en la mina Andesita, Cubillos detalló que hasta la fecha se han realizado más de 40 declaraciones, incluyendo trabajadores de empresas contratistas que desempeñan labores mineras, así como gerentes de la estatal. Cabe recordar que a fines de enero el propio fiscal regional había adelantado que serán más de 70 las entrevistas que deberá concretar el Ministerio Público en el marco de esta causa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
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