El cierre del año fiscal 2025 ha desatado una intensa controversia técnica y política tras confirmarse que el déficit fiscal alcanzó un 2,8% del PIB, cifra que supera ampliamente el 1% proyectado originalmente por el Ejecutivo. Esta brecha, equivalente a unos US$ 10.000 millones, sitúa a la administración entrante ante la urgencia de aplicar ajustes estructurales en un escenario de alta rigidez presupuestaria y una deuda pública que roza el 42%.
El diputado electo por la Región de O’Higgins, Fernando Ugarte, calificó la situación como una “irresponsabilidad técnica gigante” de la gestión saliente. Según el parlamentario, el actual nivel de endeudamiento está distorsionado por el valor del cobre y el tipo de cambio. “En cuanto el cobre baje un poco, ese número va a saltar y ojalá nos pille confesados”, advirtió Ugarte.
Por su parte, el economista Hernán Vega sostiene que el margen de maniobra es limitado, dado que el gasto público es mayoritariamente inflexible. Vega cuestiona la viabilidad de sanear las cuentas sin afectar programas sociales, especialmente en zonas como O’Higgins, que ya reporta un recorte del 12% en su presupuesto regional. “Es extremadamente difícil, por no decir imposible, basándose solo en asesores o grasa estatal”, sentenció el académico.
Mientras el nuevo gobierno apuesta por la eficiencia administrativa para evitar tocar beneficios sociales, el mercado advierte que la sostenibilidad fiscal dependerá de reactivar la inversión privada para no depender exclusivamente de los precios de las materias primas, principalmente del cobre, el sueldo de Chile.
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