Con un inicio de año marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales, la situación comercial entre Chile y Estados Unidos tomó un giro decisivo el recién pasado martes 24 de febrero.
Luego de que, por falta de sustento legal, la Corte Suprema estadounidense invalidara las tasas previas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, su administración respondió invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer un nuevo arancel general del 15%, medida que, en simple, afectará a todas las importaciones que ingresan a Estados Unidos, sin distinción de productos o países de origen.
De esta manera, la geopolítica impacta directamente en el comedor de una casa en Requínoa o en un predio en Paredones, sólo por mencionar algunas de las comunas de la Región de O’Higgins, corazón agroexportador del país, y sobre todo en un momento en que la economía regional proyectaba consolidar su crecimiento tras un 2025 más bien complejo.
Así, el escenario para la zona central es especialmente delicado debido a la coincidencia estacional. Según datos de la Dirección General de Aduanas y ProChile, O’Higgins cerró el 2025 con exportaciones totales por US$ 5.450 millones, de los cuales el mercado estadounidense representa el segundo destino más importante con envíos valorados en US$ 654 millones. Este importante flujo económico hoy se encuentra bajo amenaza directa, especialmente en el rubro de la fruta fresca, que concentra el grueso de la actividad laboral en provincias como Cachapoal y Colchagua.
La preocupación radica en que el gravamen del 15% se suma a regulaciones técnicas preexistentes. Víctor Catán, presidente de Fedefruta, explicó que el mercado norteamericano ya posee mecanismos de control: “Estados Unidos no necesita aplicarle aranceles a la fruta chilena, toda vez que tiene otra herramienta para proteger a los productores americanos, como el Marketing Order, que es una disposición que data de 1937”.
En cuanto a la merma del posicionamiento de los productos nacionales en el país del norte, Catán es claro: “eso hace que el consumidor americano se vea privado de tener fruta de primera calidad, fruta que contribuye a la salud pública de una población americana que tiene condiciones de obesidad por sobre el 50%», remarcó el dirigente.
Catán advirtió que en ciertas especies el negocio se vuelve inviable para los productores nacionales, ya que el resultado económico pasa a ser negativo al no poder traspasar el costo total del impuesto al consumidor final.
En particular, la uva de mesa de O’Higgins enfrenta una combinación de factores adversos. El Marketing Order 925 regula este producto entre el 10 de abril y el 10 de julio, periodo en el que la región alcanza sus mayores volúmenes de envío. Desde el gremio Frutas de Chile enfatizaron la desventaja competitiva que genera esta fecha: “Mientras algunas industrias vecinas ya están finalizando sus envíos al mercado estadounidense, Chile recién inicia su temporada de exportación de uvas de mesa, uno de los productos más expuestos a este incremento”.
El impacto se extiende también al sector forestal, que mantiene una red de aserraderos y plantas procesadoras en el secano costero regional. Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), manifestó que “las últimas noticias que hemos recibido en cuanto a los cambios arancelarios de Estados Unidos nos tiene muy preocupados como sector forestal ya que generan incertidumbre a las actividades y a las inversiones”. O’Ryan instó al Gobierno a apoyar a las pymes del rubro mediante la generación de demandas internas que permitan mitigar la readecuación de los flujos internacionales.
Ante la vigencia de esta medida, que tiene un plazo inicial de 150 días según la legislación norteamericana, los gremios han solicitado al Ejecutivo priorizar la diplomacia comercial. El objetivo es resguardar una relación bilateral estratégica, donde, según el análisis de las cifras de exportación de ODEPA, esta actividad es el pilar de miles de empleos en las tres provincias que hoy se ven amenazadas por las nuevas barreras impositivas de Washington.
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