Hace exactamente dieciséis años, el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 sacudió el centro-sur de Chile con una violencia que pocos olvidan: más de 500 muertos y cerca de 253.000 personas damnificadas o con sus viviendas gravemente afectadas.
En la Región de O’Higgins, el saldo oficial llegó a 48 víctimas fatales, con un impacto severo en viviendas y servicios básicos tanto en comunas o localidades costeras de Cardenal Caro como del interior. Aquella madrugada marcó un antes y un después en la forma en que el país enfrenta los desastres, y sus lecciones siguen vigentes.
Una de las consecuencias más profundas fue la reforma institucional: la antigua ONEMI fue reemplazada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), creado por la ley 21.364. El nuevo organismo amplió sus funciones, estableció estructuras regionales y formalizó la coordinación con entidades técnicas como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y el Centro Sismológico Nacional, con el objetivo de acortar los tiempos de alerta y evacuación.
La modernización también avanza en infraestructura. En enero de 2026, el Ministerio de Obras Públicas recibió ofertas para el nuevo Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunamis, que contempla la instalación de más de mil sirenas a lo largo del país y la actualización de equipos existentes. La Región de O’Higgins forma parte de esta red: sus sistemas costeros operan desde 2017 y ahora se integran a una plataforma nacional que busca mejorar cobertura, redundancia y tiempos de respuesta.
Además del fortalecimiento institucional y las sirenas costeras, Chile incorporó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares, que permite enviar mensajes masivos georreferenciados ante riesgo inminente, sin necesidad de conexión a datos. Esta herramienta, operada por el Senapred en coordinación con las empresas de telecomunicaciones, se complementa con mejoras en monitoreo sísmico, plataformas digitales de información en tiempo real y protocolos más rápidos de evaluación técnica tras un evento mayor.
Con todo, en un país tan sísmico como el nuestro, la resiliencia no puede recaer solo en el Estado. Los planes familiares, el conocimiento de las rutas de evacuación y la participación activa en simulacros siguen siendo pilares insustituibles de una preparación que debe ser permanente y alcanzar a cada integrante de las familias.
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