En el corazón de San Fernando, un documento técnico de la Contraloría General de la República ha provocado un sismo político que promete redefinir la fiscalización local. El Informe número 53, que detalla irregularidades en la gestión de los parquímetros de la comuna, no solo ha puesto en evidencia fallas administrativas, para conocer la visión de los concejales, se realizó el ejercicio de consultar a tres ediles, y solamente el concejal Matías Álvarez, estuvo disponible.
Según los antecedentes, la Contraloría ha instruido diversos procedimientos, incluyendo sumarios administrativos, para determinar las responsabilidades tras los errores detectados en la gestión. Para Álvarez, quien preside la Comisión de Fiscalización y Control, este informe es una herramienta necesaria para que la verdad salga a la luz y se corrijan las deficiencias a tiempo. El concejal ha sido enfático desde el inicio de su gestión en la necesidad de realizar una auditoría externa completa que revise tanto la ejecución presupuestaria como el estado financiero del municipio.
El lunes 12 de enero se perfila como una fecha clave. Para ese día, Álvarez ha citado a una sesión de la Comisión de Control con el fin de desglosar las conclusiones del informe. La lista de convocados es de alto nivel: el administrador municipal, el director de control, el director de administración y finanzas, y los Inspectores Técnicos en Servicio (ITS) encargados de fiscalizar el contrato de parquímetros. El objetivo es claro: proteger los recursos públicos y garantizar que la información sea transparente para todos los sanfernandinos.
Sin embargo, el debate no se limita a la gestión técnica. Existe un trasfondo legal que involucra al Tribunal Electoral Regional (TER). Para acudir a esta instancia, se requiere el apoyo de al menos un tercio del concejo —es decir, dos de los seis concejales—. Según explica Álvarez, la decisión de llevar el caso al TER dependerá de lo que se analice en la comisión del lunes, una vez que se contrasten los datos de Contraloría con la información técnica y administrativa que entregue el municipio.
El problema de fondo radica en la «supervigilancia». Mientras que los ITS deben fiscalizar el cumplimiento de los contratos, el alcalde es quien tiene la facultad exclusiva de supervigilar el panorama completo de los servicios municipales. El informe de Contraloría sugiere que hubo un perjuicio al patrimonio municipal y una eventual falta en esta tarea de supervisión superior, la cual el concejo tiene el deber de fiscalizar.
Ahora, los ojos de la comunidad están puestos en las acciones subsanatorias que se tomarán para recuperar los dineros perdidos. La crisis de los parquímetros no es solo un asunto de monedas en las calles, sino una prueba de fuego para la integridad institucional de San Fernando.
Entender la fiscalización municipal es como observar un mecanismo de relojería: los inspectores técnicos son los engranajes pequeños que deben girar correctamente, pero el alcalde es la cuerda que da energía a todo el sistema; si la cuerda no se supervisa, el reloj deja de dar la hora exacta y el patrimonio de todos se pierde en el tiempo.
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