En un reciente y contundente informe de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, se han puesto al descubierto graves irregularidades financieras en la Municipalidad de San Fernando vinculadas al contrato de «Concesión Servicio de Parquímetros de Estacionamiento en Áreas Urbanas».
La investigación especial, que abarcó el periodo entre octubre de 2021 y julio de 2023, determinó un perjuicio patrimonial total de $467,875,336 en ingresos que el municipio dejó de percibir.
El desglose de esta cifra millonaria revela una gestión deficiente en la recaudación de fondos públicos:
- $261,077,040 corresponden a montos no percibidos por el valor real de la concesión.
- $185,999,054 se originan por el no cobro de multas obligatorias ante los constantes retrasos en los pagos de la empresa concesionaria.
- $20,799,242 derivan de modificaciones a la baja en el canon mensual, realizadas por el municipio sin que conste un fundamento legal o técnico para dichos cambios.
La crónica de este descalabro financiero comenzó en 2021, cuando se adjudicó la licitación a la empresa GEO PARKING SYSTEM CHILE SPA por un monto mensual de $31,505,760. Sin embargo, la Contraloría detectó que, tras el primer pago, las mensualidades fueron variables y casi siempre inferiores a lo pactado. A esto se suma que el municipio no aplicó los reajustes anuales según el IPC, lo que contraviene directamente las bases administrativas del contrato.
Uno de los puntos más críticos de la investigación es la falta de rigor en la aplicación de sanciones. Aunque las bases establecían una multa del 1% diario por cada día de atraso en el pago de los derechos de concesión, la municipalidad permitió que los pagos se realizaran sistemáticamente fuera de plazo sin cursar las multas correspondientes.
Incluso cuando se intentó regularizar la situación mediante un convenio de pago (el N°18) por más de 58 millones de pesos, la empresa solo llegó a depositar cerca de 8 millones antes del término anticipado del contrato, dejando un saldo de $50,318,350 sobre el cual no se advirtieron gestiones de cobro efectivas por parte del departamento jurídico municipal.
Ante estos hechos, el órgano contralor ha decidido formular reparos por las sumas no percibidas e instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados, especialmente respecto a la falta de supervisión del Inspector Técnico del Servicio (ITS).
La administración de este contrato funcionó como un balde lleno de grietas: mientras la comunidad esperaba que se llenara con los recursos del estacionamiento para financiar mejoras locales, el dinero se fue escapando gota a gota —y a veces a chorros— por la falta de vigilancia y el incumplimiento de las reglas que debían mantenerlo estanco.
Municipalidad no responde
A primera hora de ayer lunes, se solicitó un pronunciamiento oficial sobre el Informe N.º 53, de fecha 29 de diciembre, emitido por la Contraloría Regional.
A las 09:13 horas se recibió la respuesta: “Consultaremos y le responderemos”. Sin embargo, hasta el cierre de la presente edición no se había emitido ninguna declaración o pronunciamiento público al respecto.
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