Cuando hablamos de orden institucional, nuestra mente evoca automáticamente progreso, eficiencia y confianza pública. Los documentos teóricos abundan en definiciones: planificación estratégica, marcos de gestión, modelos de gobernanza. Todo suena preciso, ordenado, casi matemático. Pero la realidad municipal chilena revela otra historia.
Las municipalidades ostentan poder significativo a nivel territorial. Aunque formalmente existen contrapesos como el Concejo Municipal, la concentración de decisiones genera dinámicas donde la planificación teórica choca con la ejecución práctica. Surge el dilema: ¿administrar o gestionar?
Una municipalidad que administra se limita a ejecutar funciones establecidas y mantener operatividad básica. Una que gestiona anticipa desafíos, optimiza recursos, innova en soluciones territoriales y genera valor público sostenido. La diferencia es abismal en resultados. La relevancia radica en las direcciones internas. Un municipio donde los departamentos funcionan en silos, sin coordinación estratégica, jamás alcanzará la «casa ordenada». Requiere liderazgo integrador, donde planificación y gestión converjan en propósito común.
La Administración Pública chilena se sustenta en principios rectores: eficacia, eficiencia, economicidad, sostenibilidad e integridad. Cada propuesta, decisión y recurso invertido debería evaluarse sobre estos estándares. Sin embargo, frecuentemente observamos municipios donde la discrecionalidad prevalece sobre principios, donde la inercia institucional supera la innovación.
La casa ordenada no es alcanzable mediante documentos, se requiere liderazgo consciente, equipos alineados y autoridades dispuestas a subordinar intereses particulares a principios públicos verificables. Simple en concepto, extraordinariamente complejo en ejecución. Esa es la verdadera brecha entre teoría administrativa y gobernanza territorial real.
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