La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, no entrará en vigencia durante el actual gobierno tras fracasar la licitación clave para su implementación. El proceso buscaba contratar la plataforma tecnológica que permitiría registrar a choferes, vehículos y aplicaciones, pero fue declarado desierto al no cumplir los oferentes con las exigencias del Estado, tales como incumplimiento de estándares de seguridad informática o incapacidad de cumplir los plazos establecidos para tener la plataforma operativa, entre otros
Sin ese sistema, la ley no puede aplicarse, ya que es la base para autorizar a los conductores y fiscalizar su funcionamiento. A esto se suman nuevas exigencias, como licencia profesional, seguros especiales y límites a la antigüedad de los vehículos, requisitos que muchos choferes hoy no cumplen.
Especialistas y gremios advierten que estas condiciones podrían dejar fuera a miles de conductores y afectar los ingresos de muchas familias. El debate queda ahora en manos del próximo gobierno, que deberá decidir si ajusta la norma o mantiene su aplicación en los términos actuales.
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