Doscientos años después de Monroe, su doctrina sigue viva. Bolton lo confirmó en 2019: no es retórica, sino continuidad que atraviesa administraciones y épocas.
Lo que empezó como advertencia anticolonial europea mutó con Roosevelt (1904) en licencia intervencionista: si América Latina no “mantenía orden”, EE.UU. ejercería “policía internacional”. Del protector retórico al imperio activo.
Los disfraces cambian, la lógica persiste. Guerra Fría: golpes anticomunistas (Guatemala, Chile, Argentina). Años 90: condicionamientos económicos disfrazados de democracia. Siglo XXI: militarización antinarcóticos. Hoy: sanciones anti-China contra Venezuela, Cuba, Nicaragua.
El problema es jurídico. EE.UU. se proclama arquitecto del orden liberal —soberanía, no intervención, igualdad— pero en su “patio trasero” esos principios son decorativos. La CIJ lo condenó por Nicaragua (1986); Washington rechazó la jurisdicción y continuó. Esta brecha no es una anomalía: es estructural. Un hegemón sometido a reglas dejaría de serlo. La tensión es constitutiva del orden liberal: funciona mientras el árbitro pueda exceptuarse.
Para América Latina, las asimetrías de poder anulan aspiraciones de horizontalidad. UNASUR, CELAC y otros intentos autonómicos han fracasado ante obstáculos que trascienden coyunturas.
El derecho internacional no es inútil —las doctrinas Calvo, Drago y la sentencia de Nicaragua construyeron repertorios de resistencia— pero confundir recursos discursivos con cambios estructurales sería ingenuo.
La pregunta incómoda: ¿puede existir un orden basado en reglas cuando quien las diseña se reserva ignorarlas? Sin respuesta, Monroe sigue siendo recordatorio: en geopolítica, los fantasmas solo mueren cuando alguien tiene poder para enterrarlos
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