La Dirección de Compras Públicas (ChileCompra) implementó la nueva Directiva N° 10/2025, que restringe el uso del trato directo para organismos del Estado. De esta manera, la normativa busca reducir las contrataciones discrecionales y priorizar la licitación pública tras la reciente reforma a la Ley de Compras.
El nuevo marco establece que esta modalidad solo podrá utilizarse de forma excepcional y bajo estrictas condiciones de justificación técnica por parte de los servicio públicos. Entre sus principales cambios, se incrementan los requisitos para invocar causales de «proveedor único» y «confianza», y se prohíbe el uso de la causal de «urgencia» cuando responda a una falta de planificación institucional.
Además, la directiva introduce sanciones económicas de hasta 100 UTM para jefes de servicio que autoricen tratos directos injustificados. Según el organismo, las instituciones deben publicar la resolución de compra en un plazo máximo de 24 horas, permitiendo un monitoreo mediante inteligencia artificial (IA) para detectar irregularidades en el gasto público.
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