La calma estival de San Fernando se verá interrumpida este mes por el avance de uno de los procesos judiciales más seguidos por la opinión pública local: el ‘Caso Cormusaf’.
El Juzgado de Garantía de la ciudad ha diseñado un ajustado cronograma para enero de 2026, con el objetivo de destrabar nudos procesales que han mantenido en vilo a los involucrados.
Bajo la conducción del magistrado Erick Fabián Ríos Leiva, el tribunal se prepara para una serie de audiencias de procedimiento abreviado. Estas instancias no son un trámite menor; representan la oportunidad del Ministerio Público para cerrar capítulos específicos de la investigación mediante acuerdos que implican el reconocimiento de hechos por parte de los imputados a cambio de penas más acotadas.
El desfile judicial comenzará este jueves 22 de enero con la comparecencia de Juan Rubén Soto Veloso. Tras él, la atención se trasladará a la Sala 1 del edificio institucional de Avenida Juan Jiménez, donde el 26 de enero está citado Leonidas Hipólito Quiroga Montenegro. Finalmente, el ciclo de audiencias programadas cerrará el 29 de enero con Alejandro Antonio Aguilera Bava.
El tribunal no ha dejado margen para la improvisación. Las resoluciones son explícitas: la comparecencia es obligatoria, presencial y personal. Para evitar dilaciones que han afectado al caso en el pasado, el juez Ríos Leiva aplicó los apercibimientos de los Artículos 26 y 33 del Código Procesal Penal. En términos sencillos, cualquier ausencia que no esté debidamente justificada por la ley derivará en una orden de detención inmediata. La señal es clara: el proceso debe avanzar sin más contratiempos.
A pesar del diseño de estas audiencias para lograr salidas alternativas, el ambiente en los pasillos de la defensoría es de escepticismo. Fuentes ligadas a la defensa aseguran que no todos los imputados están dispuestos a aceptar las condiciones del Ministerio Público. «No están dadas las condiciones para un acuerdo», señalan algunos abogados, quienes ven en el juicio oral una oportunidad para debatir las pruebas en un foro público y obtener una sentencia de absolución o una reducción de cargos que la fiscalía, hasta ahora, no ha garantizado.
De confirmarse esta postura, lo que se planeaba como el cierre del caso podría ser solo el preludio de un extenso y mediático juicio oral, prolongando la sombra del caso Cormusaf sobre la capital de Colchagua.
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