Cuando hablamos de defender el ejercicio de la democracia, que a su vez se ha vuelto un privilegio, la experiencia histórica demuestra que las palabras no bastan. Proteger la democracia comienza por resguardar la amistad cívica, fundada en el respeto y la reciprocidad. Las descalificaciones en el congreso o entre quienes piensan distinto, la autoproclamada superioridad moral de algunos sectores y la tendencia a dividir entre “buenos” y “malos” erosionan la convivencia democrática. Cuidar la democracia exige, primero, cuidar el lenguaje y el trato mutuo.
Asimismo, la democracia supone privilegiar el diálogo y la razón por sobre la violencia. Resolver diferencias mediante la deliberación y el voto implica renunciar a la violencia como herramienta de presión política. Sin embargo, en los últimos años esa capacidad deliberativa se ha debilitado, y durante el Estallido Social hubo silencios y avales a la violencia que resultan incompatibles con una defensa creíble de la democracia. No se puede condenar la violencia según conveniencia.
Una de las mayores incoherencias de cierta izquierda radical es su relación instrumental con la democracia, la defiende solo cuando el resultado le es favorable. Cuando las urnas no confirman sus aspiraciones, el compromiso democrático se diluye y es reemplazado por la justificación explícita o tácita de la violencia, la deslegitimación del adversario y el cuestionamiento de las reglas del juego. Esta izquierda violentista concibe la democracia no como un marco común de convivencia, sino como un medio condicionado a sus fines
La verdadera prueba del compromiso democrático no está en celebrar las victorias propias, sino en aceptar las derrotas, condenar la violencia sin matices y reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto. Cuando esto no ocurre, lo que se revela no es una vocación transformadora, sino una peligrosa pulsión autoritaria disfrazada de superioridad moral.
Otro pilar fundamental es un Estado que funcione. Corrupción, narcotráfico y delincuencia amenazan la democracia cuando el Estado no protege, no presta servicios adecuados o se transforma en botín político. Fortalecer la institucionalidad requiere modernización, eficiencia y probidad.
Finalmente, defender la democracia exige una revisión crítica y permanente de la historia. Preguntar, incomodar y comprender no equivale a justificar. Las democracias no caen por azar, se deterioran cuando se abandona la responsabilidad cotidiana de cuidarlas incondicionalmente.
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