Para el próximo viernes 19 de diciembre está programado que el juicio en contra de Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, vaya avanzando hacia sus fases finales, con los alegatos de clausura.
Godoy, que alcanzó a estar casi tres años liderando el municipio de la capital de O’Higgins, está imputado por delitos ligados a corrupción que habría cometido. Precisamente, su administración ha sido calificada por el Ministerio Público como una gobernanza destinada a “defraudar”. De hecho, la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins sostiene que Godoy habría generado una defraudación a las arcas del municipio de $2.300 millones aproximadamente.
Esto mediante el -presunto- mecanismo de favorecer a un grupo de empresarios -cuatro ya condenados en juicio abreviado- para que se adjudicaran licitaciones municipales a cambio de dinero.
Ante este tipo de mecanismos, algunos delitos en los que se habría incurrido son: cohecho y fraude al fisco; malversación de caudales públicos; cohecho reiterado; lavado de activos; delitos tributarios, y por los que la Fiscalía ha ido a lo largo del juicio -que acumula más de tres semanas- probando a través de testigos y evidencia que han acumulado durante la investigación.
Junto a Juan Ramón Godoy, quien asistió presencialmente y declaró en él manteniendo su postura de inocencia, está siendo juzgado Javier Cornejo Diez, el único de los empresarios que sigue el proceso judicial, ya que los otros cuatro procesados accedieron a un juicio abreviado siendo condenados por soborno, y uno de ellos también lavado de activos, en el que fueron condenados a libertad vigilada y multas que entre todos suman 564 millones de pesos.
En el caso de Cornejo, la pena que arriesga -de ser adverso el veredicto del tribunal- es de más de 20 años de presidio por los delitos de soborno, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos y delitos tributarios.
En el caso de Juan Ramón Godoy es bastante más alto, ya que el Ministerio Público está solicitando penas que, de manera acumulativa, podrían alcanzar los 63 años y 3 días.
Por su parte, los querellantes particulares pidieron el presidio perpetuo simple, que son 20 años de presidio efectivo.
Los alegatos de clausura están programados para el viernes. El próximo lunes 22 serían las palabras finales, para que en esa jornada el tribunal señale cuándo comunicarán el veredicto de este emblemático caso de la región de O’Higgins.
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