La Región de O’Higgins constituyó el pasado lunes un comité que vigilará el cumplimiento del Tratado de Escazú, acuerdo internacional que obliga al Estado a garantizar que cualquier persona pueda obtener información sobre proyectos o problemas ambientales, participar en decisiones que afecten su entorno y recurrir a tribunales cuando se vulneren derechos ambientales.
El organismo responde a barreras reales: ciudadanos que no logran acceder a datos técnicos comprensibles sobre proyectos en sus territorios, procesos de participación que no inciden en decisiones finales, y dificultades para llevar denuncias ambientales a tribunales.
El comité reunió a representantes del Consejo Consultivo Regional, gobierno regional, municipios y servicios públicos, y supervisará el plan de implementación 2024-2030 en la región, proponiendo correcciones cuando detecte incumplimientos.
El Seremi del Medio Ambiente de O´Higgins, Diego Peñaloza, destacó que la instancia también protegerá a los defensores ambientales. Cabe recordar que Chile ratificó este tratado latinoamericano el año 2022.
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