Continúa el juicio al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en prisión preventiva desde abril del 2024 –mientras aún era autoridad- que enfrenta el proceso judicial en su contra por los delitos de: Cohecho y fraude al fisco; malversación de caudales públicos; cohecho reiterado; lavado de activos; delitos tributarios.
El Ministerio Público, representado en la figura del fiscal de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, solicitó penas que, de manera acumulativa, podrían alcanzar los 63 años y 3 días. Por su parte los querellantes particulares, pidieron el presidio perpetuo simple (20 años de presidio efectivo).
En la tercera jornada del juicio (miércoles), se dio por finalizada la declaración de Juan Ramón Godoy que comenzó la mañana del martes, instancia, en la que se generó la posibilidad de ser interrogado por Fiscalía.
Durante la declaración de Godoy, se refirió en específico a varias aristas, aunque siempre se ha declarado inocente de haber incurrido en delitos. En la arista del ‘caso licitaciones’, donde se le acusa de haber fragmentado y asignado de manera directa a empresarios puntuales a cambio un porcentaje económico, apuntó que, “no todos los procesos llegan directo al alcalde”.
Declaración que de alguna manera se contrapone con lo señalado por un funcionario de Contraloría que declaró este miércoles, explicando los procesos y que en la posición de alcalde, “está al tanto de todo», nombramientos de funcionarios, a quienes tiene la potestad de darles instrucciones, por ejemplo.
En la misma línea, para explicar, el uso de tarjetas de débito de empresarios, que la Fiscalía investiga que se trataba de una manera de “pagar” precisamente asignaciones directas de licitaciones, ‘explicó’ en particular la evidencia que lo liga al uso de la tarjeta de Javier Cornejo Diez de Medina, el segundo imputado en el juicio.
Godoy, declaró que su uso “no era permanente”, y que de hecho en un momento se la “entregó de regreso”. Por lo que utilización fue solo correspondiente al equivalente del dinero de una deuda que mantenía Cornejo con él por la compra de un vehículo.
En relación al mismo empresario, el fiscal le preguntó en reiteradas ocasiones si había recibido ‘apoyo económico’ durante la campaña para llegar a la alcaldía, lo que señaló que ‘no’ pero que sí había «facilitado» una camioneta para una actividad de Navidad.
Javier Cornejo, que arriesga más de 20 años de cárcel, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio y no declaró.
La que sí declaró fue la actual concejala de Rancagua, María del Carmen Orueta, quien al ser consultada por sus impresiones, señaló que, “primeramente, totalmente tranquila, cuando uno ha vivido los hechos, también los recuerda perfectamente”.
Agregando que, “me dio la impresión que en la defensa del alcalde más trataba de sacarte de contexto, como para tratar de alguna manera de invalidar lo que tú estabas haciendo(…) pero la verdad que me di el tiempo de contestar y dar la respuesta con la claridad que he tenido todo el tiempo, la de la tarea hecha”.
“Dejar claro que la misión de uno fue la fiscalización y que los hechos que pudimos presentar en Contraloría llegaron a tener este análisis o este juicio en estos momentos contra un alcalde, pero la tranquilidad de la tarea hecha”.
Por su parte el exconcejal, Hugo Guzmán Millán, también testigo, manifestó que, “han sido años de un proceso largo, agotador y, a veces, solitario. Pero aun así, estuve ahí. Porque cuando uno conoce la verdad, tiene el deber de decirla”.
“Lo que realmente importa es simple: que se haga justicia. Que nunca más en Rancagua se repitan hechos de corrupción que rompieron la confianza, dañaron la fe pública y defraudaron a nuestras vecinas y vecinos. Nadie merece vivir en una ciudad capturada por abusos de poder”, cerró.
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