La Municipalidad de Lolol defendió la legalidad del proceso de licitación para la mantención de áreas verdes, luego de que la Contraloría Regional de O’Higgins desestimara una denuncia que advertía una eventual inhabilidad por parentesco entre el representante de una empresa adjudicataria de servicios y una funcionaria del Departamento de Educación Municipal (DAEM).
El órgano contralor confirmó que, aunque la inhabilidad existía, el municipio aplicó correctamente la excepción prevista en el artículo 35 quáter de la Ley 19.886 (Ley de Compras Públicas), lo que permitió mantener la adjudicación.
De acuerdo a lo señalado en la resolución, la administración comunal fundamentó que Lolol es una comuna pequeña, con un mercado reducido de oferentes y procesos anteriores con un único participante como el caso en cuestión, condiciones que, en consonancia con la norma, habilitan a una entidad pública a recurrir a la excepción siempre que existan razones fundadas, precios ajustados al mercado y se informe a los organismos correspondientes, hechos cuyo cumplimiento la Contraloría regional verificó.
En conversación con este medio, el alcalde José Román sostuvo que los controles funcionaron “con eficacia y eficiencia” y que el proceso fue revisado en detalle por el ente fiscalizador. Aseguró que la funcionaria vinculada al oferente se desempeña en el DAEM como reemplazo y sin participación en el proceso de compra. “Si Contraloría hubiese objetado, habríamos debido dejar sin efecto el contrato inmediatamente”, afirmó.
El jefe comunal también destacó que la empresa adjudicada, JJA Ltda., ha cumplido con los estándares técnicos establecidos en las bases, y que los valores ofertados son consistentes con licitaciones anteriores. Además, criticó la difusión de información incompleta en redes sociales, señalando la importancia de acudir a fuentes formales para esclarecer hechos.
De esta forma, con la resolución de Contraloría el proceso queda cerrado y la adjudicación permanece vigente.
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