Una investigación de más de un año permitió desbaratar a la mayor organización criminal dedicada al robo de cables del tendido eléctrico en la zona centro sur del país, con delitos cometidos entre las regiones Metropolitana y de Ñuble. Entre las comunas afectadas se cuentan Rancagua y Codegua, donde se concretaron varios de los ilícitos investigados.
El operativo, denominado “Operación Oro Rojo”, culminó con la detención de 11 integrantes del grupo, donde nueve de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que para los otros dos se ordenó arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
El fiscal regional (s) de Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, señaló que “formalizamos investigación por asociación delictual, en el entendido que responden a una estructura criminal, en la que los imputados ejecutaban distintas funciones en la organización, como corte de cables, carga, traslado, vigilancias y comercialización”.
Agregó que la indagatoria “logró aclarar 21 hechos delictivos y, puntualmente, en la comuna de El Carmen, en la Región de Ñuble, el robo de varios transformadores eléctricos, los que tienen gran cantidad de cobre”.
El prefecto de la PDI de Ñuble, subprefecto Nelson Contreras Irrazabal, precisó que “esta investigación, denominada ‘Operación Oro Rojo’, permitió aclarar robos cometidos en las comunas de Paine, Retiro, Rancagua, Codegua, Longaví, San Rafael, Linares, Parral, Ñiquén, San Carlos y El Carmen ocurridos exactamente durante un año: entre octubre de 2024 y el presente mes”.
En Rancagua, detectives de la Brigada Investigadora de Robos realizaron una serie de allanamientos. Según el jefe de la unidad, subprefecto Rodrigo Briones Ramos, se concretaron “órdenes judiciales de entrada y registro a una decena de inmuebles en la comuna de Rancagua, que contó con el apoyo de oficiales de las diferentes unidades de la Región de Ñuble”. Durante el procedimiento se incautautó un vehículo, 21 kilos de cable de tendido eléctrico, dos pistolas a fogueo, tres cartuchos de escopetas, un rifle y herramientas utilizadas para cortar los cables.
La formalización, encabezada por el fiscal Rolando Canahuate, se realizó en el Juzgado de Garantía de Yungay, que fijó un plazo de tres meses para las diligencias de la Fiscalía de Análisis Criminal y la PDI.
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