La cifra, lejos de ser anecdótica, trasciende lo legal y abre un debate sobre los factores sociales, económicos, culturales y psicológicos que influyen en estas conductas, así como los desafíos que la educación enfrenta de cara a fortalecer la ética y la moral. Más allá de la admisión de haber robado, estos resultados interpelan a la sociedad en su conjunto, pues exponen motivaciones y contextos que requieren ser comprendidos para dimensionar sus implicancias en la vida colectiva.
El docente y encargado de la Línea Jurídica de la Carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins (UOH), Nicolás González, advierte que estos comportamientos deben entenderse como fenómenos multifactoriales, donde convergen la normalización social de ciertas faltas, la desconfianza hacia las instituciones, la persistencia de desigualdades y el debilitamiento de valores compartidos.
“Estos comportamientos deben entenderse como fenómenos multifactoriales. Entre ellos destaca la normalización social de ciertas faltas, donde el robo menor o la evasión, al percibirse como comunes o tolerados, debilitan las barreras morales. Asimismo, la desconfianza hacia las instituciones juega un rol clave. Cuando estas son vistas como corruptas o injustas, se genera una ‘justificación simbólica’ de recuperar lo que la ciudadanía percibe como perdido”, explica el experto.
Factores psicosociales
González señala que estas conductas también obedecen a causas externas o propias de cada quien, que pueden llevar a legitimar prácticas ilícitas. Estas, aunque dañinas, terminan siendo vistas como inevitables en determinados contextos, según sostiene.
“Todas estas circunstancias, que pueden ejercer presión sobre las decisiones, especialmente en personas jóvenes que buscan transgredir límites o muestran menor conciencia de las consecuencias. Otro de los detonantes podría ser el cambio cultural más amplio, asociado al debilitamiento de valores colectivos, a una cultura de inmediatez y a un aumento del individualismo, a un contexto de creciente visibilidad de casos de corrupción e injusticia. Se trata de conductas multicausales, que van desde presiones externas que viven las personas hasta motivaciones internas”, plantea el psicólogo.
El especialista aclara que, aunque las cifras indiquen que una de cada tres personas admitieron haber robado alguna vez, no implica que la sociedad chilena esté “inclinada al robo”, sino que reflejan tensiones vinculadas a circunstancias estructurales, y fragilidad de los marcos normativos compartidos. “Este número no necesariamente nos habla de la cualidad de una sociedad, sino que refleja tensiones sociales actuales y desigualdades estructurales existentes. Más que un rasgo de la población chilena es un síntoma de pérdida de confianza en instituciones y en las normas compartidas”, precisa el docente.
Educación e interpelación
Frente a este panorama, González subraya que la educación tiene un rol decisivo en la construcción de cambios duraderos que refuercen el sentido social de las normas y la reflexión crítica sobre la vida en común, con miras a favorecer una convivencia cada vez más sólida.
“La educación tiene un rol central en la respuesta a este desafío. Se requiere fortalecer la formación cívica y ética desde lo práctico, promover la empatía y el sentido de pertenencia social desde la primera infancia, y fomentar el pensamiento crítico en torno a la equidad social y el valor de las normas para la vida en común”, agrega González.
Para el psicólogo no deja de ser preocupante que una parte significativa de la ciudadanía haya admitido haber cometido un robo, lo que a su juicio interpela directamente a las instituciones educativas. Las cuales -según expone- deben propiciar espacios para cultivar valores que trasciendan la mera instrucción teórica, y que respondan a las necesidades sociales de fondo.
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