Las cifras entregadas por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) muestran que durante el primer semestre de 2025 los homicidios en la Región de O’Higgins se redujeron en un 29,6% respecto al mismo período del año anterior. En términos de tasa, pasamos de 2,6 a 1,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja de los últimos ocho años.
A nivel nacional, la tasa también descendió a 2,5, quebrando una tendencia sostenida al alza que veníamos arrastrando desde 2019, cuando la tasa era de 2,2, alcanzando un peak de 3,3 en 2022.
Estos resultados son alentadores, pero debemos ser claros: cada vida perdida es una tragedia irreparable y ninguna estadística puede considerarse un triunfo cuando hablamos de homicidios. Lo que sí podemos reconocer es que hemos logrado revertir una curva que parecía imparable, y eso habla de que estamos en el camino correcto.
Este quiebre no es casualidad. Es fruto del trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado:
El aumento del presupuesto para el Ministerio Público ha fortalecido la capacidad investigativa y persecutoria; lo anterior traducido en la creación de las fiscalías especializadas en crimen organizado y homicidios (ECOH) ha permitido concentrar esfuerzos en fenómenos de alta complejidad.
La instalación del Ministerio de Seguridad Pública en abril de este año marca un hito en la conducción clara y especializada de la política de seguridad, consolidando una mirada integral para enfrentar la violencia.
El fortalecimiento de nuestras policías ha sido clave para sacar armas de circulación, desarticular bandas, afectar su patrimonio y, con ello, prevenir la violencia letal.
Por último y no por eso menos importante es el trabajo de nuestro Congreso Nacional, que ha permitido durante el gobierno del Presidente Boric, el despacho a ley de más de 65 leyes relacionadas con seguridad pública que han permitido una persecución penal más eficiente.
En O’Higgins, hemos visto cómo este enfoque integral nos ha permitido reducir los homicidios vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, que son el eslabón final de una cadena que comienza con la droga, sigue con la disputa territorial y termina con la pérdida de vidas.
Nuestro compromiso es seguir profundizando este camino, con más coordinación, más recursos y más presencia territorial. La seguridad es un derecho, y nuestro deber como Estado es garantizarlo.
Hoy no celebramos cifras, celebramos el compromiso colectivo de quienes trabajan día a día para que cada familia de nuestra región viva con más tranquilidad. Y reafirmamos que la lucha contra la violencia requiere unidad, perseverancia y confianza en nuestras instituciones.
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