Septiembre se conmemora como el mes de la prevención del suicidio, coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), celebrado cada 10 de septiembre y organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La fecha busca generar conciencia sobre un fenómeno complejo que cobra cerca de 700.000 vidas al año en el mundo y que, pese a décadas de esfuerzos, mantiene tasas de incidencia preocupantes.
En Chile, el proyecto de ley integral de salud mental, presentado en julio de 2024 y actualmente en discusión parlamentaria, representa una oportunidad para fortalecer el marco normativo e incorporar la prevención del suicidio como política de Estado. Especialistas coinciden en que esta problemática no puede ser abordada únicamente desde el sector salud, sino que requiere la participación de la educación, los medios de comunicación y las comunidades.
Rodrigo Casanueva, del Programa de Salud Mental Global del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, señala que “el suicidio no es solo un problema individual, sino un fenómeno marcado por factores sociales, económicos y culturales. La prevención requiere una mirada integral”. Entre las medidas más efectivas se encuentran restringir el acceso a medios letales, implementar programas de bienestar en escuelas, promover campañas responsables en los medios de comunicación y fortalecer redes comunitarias de apoyo.
El especialista destaca que «para que estas acciones tengan impacto sostenido es indispensable contar con financiamiento permanente, coordinación intersectorial y reconocimiento explícito en la legislación. Una ley integral debería garantizar programas de intervención en crisis basados en evidencia, equipos capacitados en todos los sectores y competencias comunitarias para la detección temprana de personas en riesgo».
Casanueva enfatiza que “sin un marco legal que asegure recursos y continuidad, los esfuerzos de prevención serán insuficientes. Incluir la prevención del suicidio en la ley en debate constituye un acto de justicia social y una responsabilidad ética ineludible para proteger la salud pública del país”.
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