Por Alejandro León
Un total de 137 años de prisión decretó el Tribunal Oral en lo Penal para los ocho involucrados en el secuestro del empresario rancagüino ocurrido en noviembre de 2023, marcando la primera sentencia de asociación criminal en Chile desde la reforma que tipificó el delito. Las penas se desglosan en 13 años de cárcel por secuestro agravado, más 3 años y un día bajo el delito de asociación criminal para todos los perpetradores, más una pena adicional de 3 años y un día por tenencia de arma de fuego prohibida para tres de ellos.
El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, se pronunció sobre el proceso y las condenas catalogadas como presidio mayor en su grado medio, manifestando que, si bien los montos no eran lo que esperaba el Ministerio Público, lo alcanzado “está dentro del margen legal que establece la ley respecto a la pena que se podía poner en este caso”. Sobre el hecho de que la sentencia es la primera bajo la figura de asociación criminal, Cubillos lo calificó “como un golpe relevante al crimen organizado”.
Cabe recordar que el 9 de noviembre de 2023, un grupo de sujetos raptó a la víctima desde las dependencias de su empresa dedicada a la elaboración de estructuras metálicas, ubicada en el sector de La Gonzalina de la ciudad de Rancagua. En los hechos, los perpetradores mantuvieron a su víctima retenida por dos días en la ciudad de Santa Cruz, provincia de Colchagua, período en el que exigieron a su familia un rescate de $80 millones para su liberación, lo que ocurrió tras el pago de una parte del rescate solicitado.
El tribunal estableció que la asociación criminal operó con contactos y coordinación desde el extranjero, dado que se pudo constatar que los secuestradores realizaron contactos por video desde fuera del país donde amenazaron con matar al empresario y a su familia si no se pagaba el monto solicitado.
Debido a la prolongación de las amenazas y la extorsión, la Fiscalía se vio obligada a la adopción de medidas de protección inéditas para la víctima y su familia. Los hechos impactaron al país y pusieron en relieve la presencia de células de crimen organizado dedicadas al secuestro extorsivo en territorio nacional.
La investigación, llevada por la Fiscalía de Análisis Criminal y el equipo ECOH, inició el mismo día de los hechos, en que tres sospechosos fueron capturados en flagrancia, permitiendo el éxito de las pesquisas posteriores que incluyeron peritajes de ADN, rastreo de vehículos y coordinación con unidades especializadas.
“Generalmente el fenómeno de secuestro extorsivo que teníamos hasta antes de este caso decía relación con traficantes y con personas que se encontraban vinculadas con los propios captores”, remarcó el fiscal, apuntando al perfeccionamiento que han debido aplicar las instituciones en sus protocolos y procedimientos para hacer frente al flagelo.
Cubillos, junto con destacar que el caso sienta un precedente en la persecución del crimen organizado en la región de O’Higgins y el país, resaltó el trabajo conjunto con las policías para desarticular células del Tren de Aragua, recordando que esta causa operó bajo estrictas medidas de seguridad para resguardar a testigos, funcionarios y magistrados, medidas que, en todo caso, se mantienen hasta la fecha.
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