En el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua, el gobernador Pablo Silva Amaya presentó su Cuenta Pública “Encuentros 2021–2025”, repasando los principales hitos de su primer período y parte del año en curso desde su reelección. El acto, que congregó autoridades, vecinos y dirigencias comunales, fue planteado como una muestra de gestión transparente, en medio de cuestionamientos por observaciones de Contraloría que superan los $17.000 millones.
Entre los ejes abordados —salud, infraestructura, inclusión y medio ambiente— fue la seguridad la que se alzó como la nueva bandera política del Gobierno Regional. “La seguridad es ahora nuestra prioridad”, afirmó Silva Amaya. Sin embargo, esa declaración contrasta con el estado actual del principal proyecto en esta materia: el sistema regional de cámaras de televigilancia y pórticos lectores de patentes, que permanece sin ejecución concreta desde su anuncio en 2022.
El plan fue presentado con entusiasmo hace dos años en Monticello, ante altas autoridades de Carabineros y del Ministerio del Interior. Se prometió una red de 169 pórticos, 348 cámaras de contexto y 209 cámaras especializadas, además de dos centrales de monitoreo en Rancagua y San Fernando. Pero hasta hoy, el proyecto sigue en etapa de licitación, con promesas de estar operativo recién entre mediados y fines de 2026.
Las razones del retraso han sido diversas. Según explicó el gobernador en entrevistas previas, la unidad técnica encargada de elaborar las bases era Carabineros, quienes tras un año reconocieron no tener las capacidades técnicas para llevarlo a cabo. “Vamos a asumir las capacidades técnicas nosotros”, señaló Silva Amaya, asegurando que la licitación se subiría en mayo. No obstante, en su reciente exposición pública, este punto fue abordado sin mayor profundidad ni autocrítica, pese a las expectativas generadas en su momento.
La omisión de una reflexión más honesta sobre este retraso fue notoria, considerando que el proyecto ha sido presentado como emblemático y que la ciudadanía exige respuestas claras en materia de seguridad. En cambio, se destacaron otras iniciativas como la entrega de 21 nuevos vehículos policiales, sumados a los 45 entregados previamente a Carabineros, y 34 radiopatrullas para la PDI. También se anunció la creación de una Escuela de Formación de Carabineros, con una inversión estimada de $40.000 millones.
El enfoque en seguridad se ha extendido a otras áreas, como el recambio de luminarias públicas: 7.557 en Machalí y 1.898 en Pichilemu. Pero el proyecto de televigilancia sigue siendo el gran ausente en términos de ejecución, y su estancamiento plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno Regional para concretar sus compromisos más urgentes.
En paralelo, la Cuenta Pública abordó avances en salud, como la entrega de 33 clínicas móviles para zonas rurales y la inversión de más de $4.000 millones para reducir listas de espera oncológicas y quirúrgicas no GES. También se destacó el nuevo Centro Teletón en Rancagua, con un 98% de avance, y proyectos de inclusión que beneficiaron a 29 comunas.
En infraestructura, se celebró la finalización del primer tramo de la Carretera El Cobre, junto a obras como la piscina temperada de Rancagua y el polideportivo de Santa Cruz. Sin embargo, el contraste entre los logros concretados y los proyectos aún en espera —como el de televigilancia— muestra que la seguridad, aunque declarada como prioridad, aún no se traduce en resultados palpables.
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