En Chile, la excesiva burocracia en la tramitación de permisos ha condicionado proyectos clave a nivel nacional, elevando costos y provocando retrasos significativos en sectores estratégicos. En la Región de O’Higgins, este fenómeno adquiere un rostro concreto: construir una carretera o levantar una vivienda puede tardar años, no por falta de recursos, sino por un enemigo silencioso y persistente. La permisología —entendida como el exceso de trámites y la lentitud en la obtención de autorizaciones estatales— está paralizando el desarrollo económico y social de la región.
Carlos González, jefe de carrera de Técnico en Administración de Recursos Humanos en la Universidad Santo Tomás de Rancagua, explica que “la permisología nace cuando la regulación y la burocracia se desbordan de su función inicial de proteger el entorno y el interés público, transformándose en una red engorrosa. Chile, de hecho, se ubica entre los países más burocráticos de la OCDE en esta materia”. El resultado, advierte, es desalentador: Inversionistas extranjeros comienzan a mirar con cautela al país, afectando su crecimiento a largo plazo.
Según el Ranking Pro Vivienda 2025 de Colliers, citado por El Financiero, los costos habitacionales han aumentado un 12,2% como consecuencia directa de la burocracia. “Hoy, un proyecto habitacional tarda más de cinco años en ejecutarse, y la mitad de ese tiempo se pierde en trámites”, alerta Jaime Ugarte, director ejecutivo de la consultora.
González añade que “en la Región de O’Higgins, la permisología costó en 2023 cerca de US$ 159 millones, equivalentes al 8,4% del costo total nacional. Solo se aprobaron nueve proyectos, un 70% menos que el promedio histórico, y se estima que 8.000 empleos se perdieron por esta causa”.
La recientemente aprobada Ley Marco de Permisos Sectoriales busca agilizar los procesos, reduciendo los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70% mediante una ventanilla única digital y el uso de declaraciones juradas. No obstante, la normativa deja fuera a organismos clave como el Consejo de Monumentos Nacionales y la institucionalidad ambiental, dos de los principales cuellos de botella del sistema.
El diputado Raúl Soto advierte que “si bien la nueva Ley Marco promete una reducción significativa en los plazos, aún persisten trabas estructurales que obstaculizan la eficiencia del sistema, especialmente aquellas relacionadas con el Consejo de Monumentos Nacionales y la institucionalidad ambiental”.
Desde la academia, Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública en la Universidad de O’Higgins, señala que “la demora excesiva desincentiva proyectos, pero también es clave resguardar derechos ambientales. La fiscalización puede agilizarse, pero no eliminarse”. A su juicio, la burocracia también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, al extenderse incluso a servicios básicos como la salud.
El profesor González coincide y advierte que esta trampa burocrática genera efectos concretos: menor inversión, pérdida de empleos, desaceleración del crecimiento económico, aumento de costos, desincentivo a la innovación y deterioro de la reputación regional.
Frente a este escenario, propone cuatro medidas para “pasar la motosierra” a la permisología: una revisión regulatoria desde cero, un rediseño del empleo público, la creación de un Ministerio de Desregulación y una digitalización total del Estado, al estilo Estonia.
Modernizar, descentralizar y ejecutar: ese es el camino para que O’Higgins deje de estar atrapada en un laberinto de trámites y firmas. Porque sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento, las familias no pueden mejorar su bienestar.
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