En el corazón del transporte público entre Machalí y Rancagua se ha desatado una crisis que va más allá de la simple competencia por pasajeros. Lo que en apariencia parecía una disputa comercial, hoy revela una profunda fractura entre dos empresas locales, marcada por acusaciones de violencia, amenazas, supuestas irregularidades y denuncias sin respuesta efectiva. Este conflicto no solo afecta a los trabajadores del rubro, sino también a cientos de usuarios, entre ellos adultos mayores, que dependen a diario de un servicio que ahora opera en medio de la incertidumbre.
Desde AGT, su representante legal Juan Ortiz López afirma que sus conductores trabajan con temor. “Desde hace un tiempo hemos tenido múltiples inconvenientes en la ruta: Choferes agredidos, vidrios rotos y amenazas constantes. Muchos han decidido dejar la línea por miedo”, declaró.
Además, Ortiz denunció que esta situación afecta directamente a los adultos mayores de la comuna, ya que su empresa mantiene un convenio municipal que les permite viajar de forma gratuita, mientras la línea acusada “no respeta recorridos, horarios ni tarifas”. “Ellos han sido bajados de las otras micros por no pagar pasaje. Eso vulnera su dignidad. Nosotros cumplimos con los horarios y recorridos establecidos, pero trabajar bajo amenazas nos tiene contra las cuerdas”, agregó.
Uno de los conductores afectados, Fernando Aravena, describió el clima como insostenible. “Esto ya no es competencia, es acoso laboral. Nos han puesto las micros encima, copian los letreros y aparecen solo en horas punta. Ya ni siquiera podemos salir tranquilos a trabajar”.
Denuncias sin respuesta efectiva
La seremi de Transportes, Flavia González Urzúa, indicó que conoce el conflicto, pero que su unidad no ha recibido denuncias formales por canales oficiales. Recalcó que las agresiones deben ser presentadas ante Fiscalía o Carabineros, y no a la Seremi, que solo puede fiscalizar aspectos técnicos y operacionales.
González anunció una mesa de trabajo con autoridades y empresas y un plan de fiscalización, junto con la futura implementación del sistema de Perímetro de Exclusión, que permitirá sancionar o excluir a las empresas que no respeten la normativa vigente.
Finalmente la seremi menciona que los viajes totalmente gratuitos corresponden a un convenio específico entre el municipio de Machalí y una empresa, en el que el municipio asume el 50% restante del pasaje. En ese tipo de acuerdos, la Seremi no tiene injerencia.
Red de Transporte O’Higgins responde
Desde la empresa acusada, su representante Luis Ramírez asegura que cumplen con la normativa y denuncia una competencia desigual. Mientras su flota activa no supera las 11 máquinas, la otra empresa opera con más de 70 vehículos.
Ramírez va más allá y acusa al alcalde de Machalí, Juan Abud, de conflicto de interés y favoritismo en la licitación del subsidio para adultos mayores. “Esa licitación exigía contar con 54 máquinas, una condición que solo cumplía la otra empresa, lo que nos dejó fuera desde el inicio. Además, la prima del alcalde, Fanny Espinoza Parra, es secretaria de Machalí AGT, lo que consideramos una irregularidad grave”.
Sobre los hechos de violencia, Ramírez afirma que su conductor Erick Opazo ha sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones. Aunque reconoce que se han dado enfrentamientos, asegura que han actuado en defensa propia. “A nosotros también nos han dañado vehículos, hemos tenido intentos de atropello y agresiones. Esto escaló más allá del transporte: ahora se involucran familiares y hechos fuera del ámbito laboral”.
Ramírez confirma que han hecho denuncias ante Carabineros, pero critica la falta de respuestas. “No nos tomaron en cuenta. No hay acción concreta”, señaló. También denunció un ataque en su domicilio familiar con presencia de personas armadas con palos y fierros.
A pesar de las tensiones, asegura que su empresa opera legalmente, que las órdenes judiciales en su contra han sido anuladas y que, por tratarse de transporte rural, sus recorridos no están sujetos a concesión, por lo que pueden circular libremente.
La disputa entre las empresas de transporte que operan en la zona Machalí-Rancagua mantiene tensiones y denuncias por parte de ambos involucrados. Mientras una de las líneas acusa actos de violencia y competencia desleal, la otra cuestiona condiciones de licitación y señala posibles irregularidades. Este conflicto pone en alerta la necesidad urgente de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los pasajeros.
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