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Tensión en Argentina: El Peronismo se moviliza ante posible detención de Cristina Fernández


El Partido Justicialista celebra una reunión de urgencia mientras crecen las expectativas por un fallo clave de la Corte Suprema en la causa ‘Vialidad’

MARTES, 10 DE JUNIO DE 2025
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Publicado por

Danya Ríos

Periodista El Tipógrafo


Dirigentes del Partido Justicialista (PJ), legisladores, movimientos sociales y gremios celebran este lunes una reunión de emergencia en Buenos Aires ante la inminente decisión de la Corte Suprema que podría ratificar la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), lo que abriría la puerta a su detención inmediata.

El encuentro tiene lugar en la sede central del PJ, donde se discuten los pasos a seguir si el máximo tribunal confirma el fallo de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la denominada causa ‘Vialidad’. Según pudo constatar EFE, el fallo se espera para este martes y marcaría un hito judicial con profundas repercusiones políticas.

«Hoy es importante estar acá, mostrando el apoyo a Cristina, pero también mostrando al Gobierno y a los poderes económicos y judiciales de este país que el peronismo sabe cómo enfrentarlos», declaró a EFE la exdiputada Victoria Donda, una de las primeras en llegar al lugar.

Pasadas las 15:30 hora local, militantes de agrupaciones peronistas y sindicatos comenzaron a concentrarse frente a la sede partidaria, ondeando banderas y coreando consignas en respaldo a la líder del PJ. La condena podría dejar a Fernández fuera de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde planeaba postularse como candidata, tal como había anunciado el pasado 2 de junio.

Diversas centrales sindicales, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), SMATA, ATE, APL y la Asociación Bancaria, advirtieron que convocarán a un paro nacional si se confirma la sentencia, al considerar que se trata de un intento de proscripción política.

La causa ‘Vialidad’ investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández.


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