La Superintendencia del Medio Ambiente fue reconocida recientemente dentro de los diez servicios públicos más innovadores del país, según el índice de Innovación Pública 2025, que evaluó a 56 instituciones públicas según sus capacidades de innovación. Así, la SMA fue seleccionada en la dimensión “Colaboración y Apertura” por su “Gestión del Entorno”, que le ha permitido «avanzar hacia una gestión más abierta e innovadora.
La Institución ha desarrollado instancias participativas con representantes del sector regulado, organismos internacionales y otras entidades públicas, con el objetivo de revisar proyectos estratégicos, recoger perspectivas diversas y generar soluciones. Estas prácticas han facilitado la retroalimentación con usuarios y la incorporación oportuna de mejoras, sin comprometer su rol fiscalizador”.
En una entrevista con El Tipógrafo, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, se refirió a la labor que cumple la entidad que dirige, como una parte de la protección ambiental del país, la fiscalizadora.
En la Región de O’Higgins, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) desempeña un rol clave en la fiscalización de normas ambientales, con especial foco en sectores como agroindustria, equipamiento y energía. La entidad supervisa actualmente a más de 899 unidades fiscalizables y 812 resoluciones de calificación ambiental, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
Marie Claude Plumer, explicó que la SMA interviene como tal una vez que los proyectos cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), «verificando que cumplan con los estándares y ajustándose a nuevas exigencias, especialmente en instalaciones más antiguas. En 2024, la región recibió más de 380 denuncias medioambientales, siendo el agroindustrial el principal sector reportado».
En materia de áridos, Plumer enfatizó que la fiscalización es coordinada con municipios y otros organismos, dada la complejidad del rubro. La SMA emplea tecnología avanzada, como imágenes satelitales, para mejorar la supervisión y el proceso sancionatorio cuando corresponde.
Asimismo, la SMA fiscaliza el cumplimiento de normas de ruidos, plan de descontaminación y calidad de la leña comercializada en la región. Con solo tres fiscalizadores en Rancagua, el desafío radica en optimizar los mecanismos de control y respuesta ante denuncias ciudadanas.
Respecto a los humedales, la entidad actúa, dijo Plumer «cuando estos ecosistemas son afectados por proyectos sin autorización ambiental, aplicando medidas cautelares y procedimientos sancionatorios cuando es necesario. Todo en el sentido de proteger al medio ambiente».
La Superintendencia del Medio Ambiente, indicó su titular, «refuerza su presencia en el caso de O’Higgins, como también del resto del país, buscando equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental, clave para el bienestar de la comunidad y la conservación de los ecosistemas locales».
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