En los últimos años, la demanda de viviendas sociales en la comuna ha crecido de manera significativa, impulsada por el aumento poblacional y la urgente necesidad de soluciones habitacionales accesibles para familias de bajos ingresos. En este contexto, la Inmobiliaria y Constructora Galizzo S.A. asumió la responsabilidad del proyecto habitacional Valle Oeste, ubicado en la ciudad de Rancagua, con la promesa de brindar una opción confiable para quienes buscan un hogar digno.
Sin embargo, esta promesa se ha visto empañada por múltiples denuncias de los compradores, quienes acusan retrasos en la entrega de sus viviendas y una preocupante falta de comunicación por parte de la empresa. Muchas familias aseguran haber firmado contratos hace más de cinco años, pero aún no cuentan con información clara sobre nuevas fechas de entrega ni detalles sobre el avance del proyecto.
A esta situación se suma una grave irregularidad. De acuerdo a documentos a los que accedió El Tipógrafo, la empresa no cuenta con una patente definitiva para operar, lo que ha aumentado aún más la incertidumbre y el malestar entre las familias que confiaron en este proyecto para asegurar su vivienda. La combinación de retrasos, falta de transparencia y problemas legales ha generado un escenario preocupante, dejando a los afectados a la espera de respuestas claras y soluciones concretas que les permitan avanzar hacia la estabilidad que tanto necesitan.
El problema se agrava cuando las personas deciden desistir de la compra, pues el contrato de compraventa establece multas de hasta 277 UF, equivalentes a entre 10 y 12 millones de pesos chilenos, sin que exista claridad ni rapidez en la devolución del dinero. Muchas familias llevan esperando desde 2019 hasta la actualidad, sin recibir ni sus viviendas ni el reembolso completo de sus pagos. Esta prolongada espera genera una profunda incertidumbre y angustia.
Además, se ha detectado que la inmobiliaria continúa vendiendo casas pese a no contar con una patente definitiva para operar. En 2019, recibieron una patente provisoria con la condición de entregar los documentos necesarios en un plazo de un año. Sin embargo, no cumplieron con esta obligación, por lo que la sala de ventas debería haber sido clausurada, según indica Sandra Gil, vocera denunciante: “El negocio sigue abierto y realizando ventas, poniendo en riesgo a nuevas familias que podrían ser víctimas de las mismas irregularidades”.
La situación fue expuesta directamente a las autoridades municipales, quienes reconocen que el tema es complejo porque se trata de un asunto privado entre compradores y la empresa. Sin embargo, las familias afectadas han solicitado la intervención municipal para evitar que más personas sean estafadas. Sandra, además, señala que existe una falta de fiscalización municipal durante los últimos años, lo que permitió que la inmobiliaria continuara operando sin regularizar su situación ni cumplir con las normativas.
Los afectados organizaron un bloqueo del tránsito en abril de este año, hecho que visibilizó la problemática a través de redes sociales y medios locales. Este evento motivó una inspección más rigurosa, pero aún no se ha concretado la entrega de las viviendas ni la solución definitiva para los afectados. Sandra señala que: “La municipalidad informó que las casas aún no pueden ser recepcionadas oficialmente debido a deficiencias en la documentación y en la construcción, lo que retrasa aún más la entrega”.
Por otro lado, la vocera y parte de las familias afectadas alerta que: “La empresa ha intentado comunicarse con algunas familias para ofrecer devoluciones de dinero bajo condiciones que limitan la libertad de expresión y prohíben hablar públicamente sobre el caso”. Esta estrategia ha sido criticada y denunciada como un intento de acallar a quienes reclaman justicia.
La vocera informa que tras comunicarse con el Director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), lograron realizar una denuncia ante el juzgado de policía local para recomendar que las cláusulas de multa impuestas por la inmobiliaria sean consideradas abusivas y no aplicables a los compradores, lo que representa un avance para las familias afectadas. Sin embargo, el proceso legal y administrativo sigue siendo lento y complicado.
Las autoridades locales, representadas por la diputada Marta González y Natalia Romero están revisando la situación y asesorando a los afectados para buscar soluciones legales y proteger a las familias de esta práctica inmobiliaria irregular.
El Tipógrafo intentó comunicarse por diversos medios con la constructora; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.
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