La reciente distribución de recursos correspondientes al año 2024, provenientes del Royalty Minero y destinados a la implementación de equipamiento clínico en la red de salud pública de la Región de O’Higgins, dejó en evidencia una inversión superior a los $5.300 millones, según informó el Gobierno Regional (GORE). Sin embargo, esta asignación ha generado inquietudes, especialmente por la escasa inversión destinada a la provincia de Cardenal Caro.
En este contexto, la mayor parte de los recursos (casi el 90%) se concentró en los hospitales de Rancagua, San Fernando y Santa Cruz. Pichilemu, capital provincial de Cardenal Caro en contraste, recibió una entrega limitada de insumos que incluye, 6 sets de cirugía menor ($2.300,44), 6 sets de curaciones ($2.035,39), 1 electrocardiógrafo ($1.213,80) y 1 carro de procedimientos ($1.187,62). Esta asignación, que corresponde a solo 7 millones de los más de 5.300 millones destinados, representa apenas un 0,13% del total disponible y ha generado cuestionamientos respecto a los criterios que orientan la priorización y distribución de estos fondos.
¿Cómo se prioriza la inversión?
Ante esta disparidad, surge una interrogante clave para entender cuáles son los criterios que se aplican para decidir cómo y dónde se invierte en salud.
El gobernador regional, Pablo Silva Amaya explicó que estos fondos provienen principalmente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que su distribución se basa en una planificación técnica realizada por el Servicio de Salud O’Higgins. “Nosotros no imponemos los proyectos. Los que priorizan, presentan y diseñan técnicamente las iniciativas son ellos. Podemos solicitar que presenten proyectos, como lo hicimos con las listas de espera, pero los contenidos y focos de atención los define el Servicio de Salud”, sostuvo.
Silva detalló que solo en 2024 se aprobaron más de $5.300 millones en equipamiento para salud, además de otros $4.200 millones destinados a reducir listas de espera en áreas como oncología, traumatología, neurocirugía y cirugía general. “Es una de las principales necesidades que detectamos en terreno y que pedimos abordar con urgencia”, agregó.
Desde el Servicio de Salud O’Higgins, su director Jaime Gutiérrez entregó detalles sobre la lógica técnica aplicada. “Durante 2024, los recursos se destinaron a cuatro proyectos específicos: uno en neurocirugía para el Hospital Franco Ravera Zunino (HFRZ), otro en métodos diagnósticos para el Hospital de Santa Cruz y dos más para el recambio de cajas quirúrgicas en hospitales con pabellones críticos. Estos proyectos tenían un origen y destino previamente definidos, enfocados en fortalecer el diagnóstico avanzado y reducir listas de espera”, explicó.
Respecto al caso de Pichilemu, Gutiérrez sostuvo que su condición de hospital comunitario implica una realidad distinta. “No estaba en el alcance inmediato de estos proyectos. Sin embargo, está en ejecución un proyecto mayor: la construcción de un nuevo hospital para Pichilemu, que incluye renovación total de equipamiento clínico y tecnológico”, afirmó.
¿Un hospital nuevo resuelve el presente?
No obstante, esta proyección a largo plazo no disipa las dudas respecto a la calidad de atención que se entrega hoy. La promesa de una futura infraestructura no resuelve las carencias actuales en insumos y equipamiento básico, ni garantiza por sí sola una mejora sustantiva en el servicio.
Por su parte, la consejera regional Rosa Zacconi, presidenta de la Comisión de Salud del CORE de O’Higgins, explicó que la situación de Pichilemu obedece a una lógica técnica específica. “Lo que necesita Pichilemu son recursos, pero no equipamiento. El equipamiento está ahí”, señaló, aclarando que la distribución no corresponde a una asignación directa de fondos comunales, sino a la entrega puntual de equipamiento para hospitales específicos. Enfatizó además que estas decisiones no son tomadas ni por el CORE ni por el Gobierno Regional, sino por el Servicio de Salud, que evalúa las necesidades de cada establecimiento para priorizar las inversiones.
Zacconi agregó que los consejeros regionales solo aprueban los montos globales, sin intervenir en la distribución específica. “Nos enteramos de cómo se asignan los recursos una vez aprobado el proyecto. El monto destinado a Pichilemu es bajísimo, y eso nos obliga a revisar de forma integral las necesidades de los hospitales de baja complejidad”, señaló. Asimismo, subrayó la necesidad de un diagnóstico más equilibrado: “Hay regiones como Maule donde la inversión en salud supera los $80.000 millones. En O’Higgins aún estamos muy por debajo de eso”.
Ante este panorama, y considerando las necesidades sanitarias de comunas más alejadas como Pichilemu, Marchigüe y Litueche, resulta pertinente preguntarse: ¿Están respondiendo los criterios actuales de distribución a las reales demandas de salud en toda la región?
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