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Senador Juan Luis Castro exige fiscalización por abusos en licencias médicas en servicios de salud, incluyendo O’Higgins


El legislador hizo este lunes una presentación a la Contraloría General de la República.

MARTES, 20 DE MAYO DE 2025
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Publicado por

Danya Ríos

Periodista El Tipógrafo


El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que se fiscalice el uso prolongado e irregular de licencias médicas en el sistema público de salud. La solicitud pone especial atención en cinco Servicios de Salud que presentan los mayores niveles de ausentismo a nivel nacional, entre ellos, el de O’Higgins.

Tras la presentación y reunión con la contralora, Dorothy Pérez, el senador Castro subrayó que este fenómeno no es aislado. “Servicios como O’Higgins, Concepción, Arauco, Iquique y Viña del Mar–Quillota concentran los peores índices de ausentismo, lo que evidencia un problema estructural que afecta gravemente la eficiencia del sistema de salud y su capacidad de atención”, sostuvo.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Presupuestos, el promedio de ausentismo en el Gobierno Central fue de 31,8 días en 2023, con un gasto superior a los $1,9 billones. Sin embargo, en los servicios de salud investigados este promedio llega a bordear los 43 días por funcionario.

Durante su reunión con la Contralora, se valoró la presentación del requerimiento y se confirmó que existen investigaciones en curso, incluidas sanciones por licencias falsas utilizadas, incluso para realizar viajes al extranjero.

El senador adelantó que la nueva legislación, pronta a promulgarse, contemplará sanciones más severas para médicos que emitan licencias fraudulentas —como la suspensión del título profesional—, así como la responsabilidad patrimonial para directores de servicios que no hayan iniciado los procesos de recuperación de fondos.

“Es hora de poner freno al abuso y recuperar el sentido original de la licencia médica como un derecho legítimo de protección social, no como un instrumento para perjudicar al sistema y a los usuarios que esperan atención «, concluyó. 


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