La Región de O’Higgins recibirá este año más de 21 mil millones de pesos de libre disposición para sus 33 comunas, recursos que se distribuirán entre fondos de equidad territorial, compensación minera y aportes directos a municipios como Rancagua, Machalí, Coltauco, Doñihue, Requínoa y Litueche.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Royalty Minero, Chile da un paso hacia una distribución más justa de su riqueza. Esta nueva ley, aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el Presidente Gabriel Boric, establece un impuesto específico a las grandes empresas mineras que explotan recursos naturales no renovables, como el cobre.
Su objetivo es recaudar fondos para invertirlos directamente en las regiones y comunas del país, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
¿Qué significa el royalty minero?
El royalty minero es un mecanismo que permitirá recaudar anualmente hasta 1.350 millones de dólares a partir de 2025. De ese monto, 450 millones se destinarán al desarrollo de regiones y comunas, beneficiando directamente al 90% de los municipios del país.
Este año, ya se comenzó la entrega de más de $218 mil millones, los cuales se están distribuyendo en cuatro cuotas. El año anterior se entregaron $93 mil millones, y se espera seguir aumentando estos recursos.
Durante 2025, la Región de O’Higgins recibirá un monto total de $21.059.470.601, el cual será distribuido entre sus 33 comunas. De ese total, más de $7.000 millones se destinarán directamente a los fondos de compensación para las comunas de Rancagua, Machalí, Coltauco, Doñihue, Requínoa y Litueche.
¿Cómo se utilizarán estos fondos?
Los municipios podrán usar estos recursos con libre disposición, es decir, según las necesidades más urgentes que identifiquen en su territorio. Algunos ejemplos del uso ya observado incluyen:
- Compra de cámaras de seguridad.
- Instalación de luminarias públicas.
- Reparación de espacios públicos.
- Implementación de farmacias comunales.
- Inversión en servicios básicos como agua potable y alumbrado.
Cabe mencionar que la ley determinó que los recursos del royalty que reciban los municipios son de libre disposición, pero no se podrán utilizar para el pago de deudas municipales.
Transparencia y fiscalización
Aunque los fondos no requieren rendición directa, los municipios deberán presentar un informe anual sobre su uso, el cual será revisado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), el Congreso y la Contraloría General de la República. Esto asegura que la ciudadanía pueda conocer en qué se usó el dinero y evaluar el impacto del royalty.
Además de mejorar servicios e infraestructura, el royalty busca compensar a las comunas mineras por las externalidades de esta actividad. Así, los recursos generados por la minería no se quedarán solo en las grandes empresas, sino que también volverán a las comunidades que más los necesitan.
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