Impactante fue la imagen de un alcalde de Rancagua en ejercicio siendo apresado en el tribunal para trasladarlo a la cárcel. Pero esa no fue ni la primera ni la última noticia sobre un caso que causó conmoción en la ciudadanía y puso el ojo público nacional en la capital de la región de O’Higgins.
Juan Ramón Godoy asumió la alcaldía de Rancagua el 28 de junio del año 2021, ‘recuperando’ el sillón municipal tras 13 años de gestión de la centro derecha y en lo que podría haber sido la cúspide de una carrera política que lo había llevado por cargo como ser intendente de O’Higgins, consejero regional y concejal, pero que terminó de manera abrupta y polémica en una prisión preventiva que se mantiene.
La primera denuncia realizada por un grupo de concejales fue el 9 de marzo del año 2022, que se refería a las pinturas en los colegios en la comuna, a esa vinieron más, las que muchas veces Godoy calificó de ‘ataques políticos’.
Sin embargo, con posterioridad un informe de Contraloría emanado en diciembre del mismo año le dio consistencia a la denuncias de los concejales.
Fueron pasando los meses y el punto de ebullición a toda la tensión que se había ido acumulando se dio un miércoles 10 de abril del 2024 cuando se decreta prisión preventiva, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado y reiterado, ilícitos perpetrados durante el año 2021.
Desde esa fecha han existido una serie de apelaciones desde la defensa de Godoy, formalizaciones de otros presuntos involucrados y esta semana se decretó en el Juzgado de Garantía de Rancagua que, si bien se mantiene la prisión preventiva de Godoy cambia al declararse el argumento de ‘peligro de fuga’ y ya no sea considerado ‘un peligro para la seguridad de la sociedad’. Esto viene aparejado a la imposición de una fianza, la que asciende a $70 millones de pesos con la que podría salir de la cárcel sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de contactar con los coimputados y arraigo nacional.
“El cambio es bastante favorable para él”, sostiene Pablo Berwart, abogado querellante, que representa a los exconcejales Hugo Guzman, Emerson Avendaño y Valentina Cáceres, como también a la actual edil, María del Carmen Orueta.
Explica sobre la determinación que, “no compartimos la opinión del juez en ese sentido, porque creemos que sigue siendo un peligro para la sociedad por la cantidad de la pena, por los delitos que están imputados, por los nuevos delitos que imputó el Servicio de Impuestos Internos en la querella que presentó hace menos de un mes atrás, entonces nosotros creemos que sigue siendo un peligro para la sociedad”.
De hecho, refuerza que, en el caso de que Godoy sea condenado por los delitos que se imputan, “va a ser de cumplimiento efectivo, o sea, va a ser de una pena de cinco años y un día para arriba”.
Postura que refuerza el también abogado representante de los mismos querellantes, César Zamorano, quien remarca que, “el peligro para la seguridad de la sociedad se mantiene aún cuando Godoy no sea alcalde”.
“El perjuicio que se ha causado al erario público, a los fondos que tenía la comuna para satisfacer las necesidades de educación y de salud prioritaria” agrega. Y entrega un dato no menor, “ninguno de esos montos que se cuantifican en miles de millones ha sido recuperado. Entonces, habiendo ocurrido más de un año de investigación, el dinero no se encuentra, entonces el peligro subsiste”.
Es por esto que los querellantes prepararon una apelación a la determinación del magistrado, la cual tiene 5 días hábiles desde el fallo para ser presentada, y que de esta manera no quede fijada y Godoy pueda optar a al pago de la fianza en las condiciones que determinadas, esto es pagar los 70 millones en ‘efectivo’ o hipotecar una propiedad de un tercero -no puede estar a su nombre- por el mismo valor.
“Tenemos el plazo que nos da la ley. El recurso nosotros lo tenemos listo. Ahora debemos evaluar si lo presentamos mañana, hoy en la noche, el viernes o el sábado”, informó Zamorano.
Para el exconcejal de Rancagua, Hugo Guzmán, este proceso judicial, “No ha sido fácil. He sido amenazado y víctima de atentados en mi domicilio, pero no me arrepiento”.
“De todo esto, mi única esperanza es que se haga justicia y que esta situación sirva como un claro ejemplo para las autoridades actuales y futuras. Es fundamental que aquellos que intenten dañar la fe pública o hacer un mal uso de los recursos públicos, que pertenecen a todos, especialmente a los más necesitados, lo piensen detenidamente”, agrega.
Finalmente sostiene que, “nadie está por encima de la ley. Mi único deseo es que se haga justicia, y que no solo Juan Ramón Godoy, sino también todas las personas involucradas en estos delitos, respondan ante la justicia y ante la ciudadanía”.
Por su parte, la concejal, María del Carmen Orueta, en la investigación por fraude al fisco que asciende a $2.300 millones, sostiene que, “ya hemos recorrido un largo camino”, y agrega que, “el lunes fue nuestro primer punto en contra (…). Si bien respetamos el pronunciamiento del Magistrado, nuestros abogados apelarán a la sentencia, ya que consideramos que sigue siendo un riesgo su salida de la cárcel”.
“La única forma que la política cambie y los vecino crean en quienes eligen es haciendo la pega y defendiendo los derechos y los dineros que están destinados a los mas necesitados y por la inversión que se realiza son los dineros públicos.Necesitamos mayor transparencia y respeto por nuestros electores”, finalizó.
La apelación estaría siendo ingresada la tarde del pasado miércoles, por lo que en los próximos días se sabrá la respuesta. En cuando al final de la investigación, el abogado Berwart insiste en el argumento central que acogió el Tribunal Calificador de Elecciones, que destituyó a Godoy, por básicamente, los mismos cargos que se le imputan penalmente.
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