“La Asociación Nacional de la Prensa tiene toda la razón en su vocería. Si se declara en democracia la libertad de prensa no puede existir la hostilidad, ni la amenaza, ni la filtración de información que es confidencial y especialmente reservada de familiares de periodistas. Si alguien toma ese camino está violando la libertad de prensa que es un derecho constitucional en Chile”, expresó el senador Juan Luis Castro, al respecto.
“Por lo tanto”, agregó “yo rechazo toda acción como la que se emprendió respecto de aquella periodista de La Tercera, con la que una persona, medio o institución intente amenazar lo que tanto costó después de una dictadura militar, que era conseguir la libertad de información y la libertad de prensa. Eso jamás puede ser conculcado”, concluyó.
Por su parte, la diputada Natalia Romero indicó a El Tipógrafo que “necesitamos avanzar en la Ley de Prensa porque es importante otorgar garantías de seguridad y protección a los periodistas y trabajadores de las comunicaciones. No hacerlo es atentar contra la democracia”. Agregó que “los periodistas no solo cumplen una función laboral, sino también un rol público. Por eso, proteger su integridad física y su labor, es proteger también la libertad de expresión y el acceso a la información. Espero que la ley de prensa avance en el Senado porque eso contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia”.
Finalmente, la diputada Carla Morales manifestó que “repudio categóricamente cualquier acto de hostigamiento contra periodistas, especialmente cuando afecta a mujeres que ejercen su labor con valentía y compromiso. Estas agresiones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que buscan silenciar voces esenciales para nuestra democracia. En relación con la ley de prensa, este proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y actualmente se encuentra en el Senado para su segundo trámite constitucional. Esta iniciativa es fundamental para garantizar la seguridad de quienes trabajan en medios tradicionales”, concluyó.
ANP reafirma su respaldo a periodistas amedrentadas
«Los chats publicados por La Tercera tienen como protagonistas a dos funcionarias públicas, una diputada y una alcaldesa, remuneradas con dinero de los contribuyentes, que se refieren a políticas públicas implementadas por otros funcionarios públicos, como el Presidente de la República, la ministra Vallejo y un asesor de la Presidencia. Cariola y Hassler criticaban al gobierno, por ejemplo, por el modo en que se indultó a presos del estallido de octubre». Con ese argumento, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, Eduardo Sepúlveda, reafirmó el apoyo que la entidad brindó a las profesionales que publicaron el tema.
Sepúlveda fue más preciso aún en sus dichos y agregó que «es evidente que es una información de innegable interés público. Y las funcionarias públicas Cariola y Hassler no pueden alegar una vulneración de su intimidad. En esto hay abundante jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus fallos, ha dicho que hay un umbral diferente de protección de la intimidad entre las personas comunes y los funcionarios públicos. La Corte ha dicho que aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Por eso, los cuestionamientos a las periodistas que publicaron los chats son injustos, y las amenazas que han recibido son inaceptables», concluyó.
Finalmente, la diputada Carla Morales manifestó que “repudio categóricamente cualquier acto de hostigamiento contra periodistas, especialmente cuando afecta a mujeres que ejercen su labor con valentía y compromiso. Estas agresiones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que buscan silenciar voces esenciales para nuestra democracia. En relación con la ley de prensa, este proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y actualmente se encuentra en el Senado para su segundo trámite constitucional. Esta iniciativa es fundamental para garantizar la seguridad de quienes trabajan en medios tradicionales”, concluyó.
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Irací Hassler y Karol Cariola, ex alcaldesa de Santiago y diputada, respectivamente, quienes por medio de chats intercambiaron críticas a la conducción del gobierno en materias políticas y a sus autoridades como el Presidente de la República y la ministra Camila Vallejo.
Presidente de la ANP, Eduardo Sepúlveda, afirmó que las funcionarias públicas «tienen un umbral diferente» en cuanto a lo que es la protección a su intimidad y citó pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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