Nuestra arquitectura institucional y la forma en que se distribuye el poder en nuestro territorio no parece preocupar demasiado a la clase política. Dos procesos constituyentes vivimos como sociedad sin que en ninguno de ellos haya sido prioridad una verdadera descentralización de la toma de decisiones y una profundización real de nuestro sistema democrático.
En este desalentador panorama para quienes vivimos en el “otro Chile”, léase fuera de la región Metropolitana, la crisis de seguridad encuentra las mismas dificultades que deben enfrentar los otros problemas que apremian a la ciudadanía: Quién y dónde se toman las decisiones.
Para el poder central los alcaldes suelen ser una “piedra en el zapato”, por increíble que suena, en muchos sentidos suelen ser un actor que incomoda a los ministerios y servicios nacionales y regionales, y su cercanía con las personas y sus necesidades lejos de ser vista como una potencialidad con miras a la correcta ejecución de las políticas públicas en el territorio, es vista como una amenaza por quienes toman decisiones tras un escritorio a kilómetros de los problemas y, consecuentemente con esa percepción, han sido sistemáticamente postergados en una materia tan sensible como la seguridad.
Pese a algunos avances legislativos, el rol de los municipios en la materia es, por decirlo menos, difuso, y, como muchos otros temas, depende de los recursos de que disponga cada municipio el modo en que se desarrolla, pero incluso más allá de lo material o económico, también depende de la orientación ideológica de cada alcalde.
El desafío de articular una política pública con estándares nacionales pero que respete y considere las particularidades de cada comuna no es de fácil abordaje y, en el caso de la seguridad, involucra a muchos actores, por lo que la coordinación de acciones y atribuciones requiere un mecanismo casi de relojería suiza si se quieren resultados positivos.
Más allá del rol que la Ley y la Constitución les asignan a los municipios en la materia, ¿Cuál es el que se necesita que tengan?, ¿Cuentan con los recursos necesarios para desarrollarlo efectivamente?, ¿Existe una coordinación real entre las policías y los municipios en conjunto con el poder central, y una reglamentación legal nítida y funcional que regule dicha concertación de voluntades y potestades?
La ciudadanía merece algo más que las declaraciones del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, que reduce el problema a un llanto por recursos y supone que con el royalty minero, a los municipios rurales “les sobra la plata”.
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